Miembros del Campamento Dignidad irrumpieron ayer en las instalaciones del centro territorial de TVE en Extremadura, con sede en Mérida, interrumpiendo por la fuerza el informativo regional de las 14.00 horas. El resultado fue la detención de 19 personas, nueve mujeres y diez hombres, de las cuales 17 pasaron la noche en comisaria y declararán hoy ante el juez, mientras que las dos restantes quedaron en libertad por problemas médicos. Se les acusa de los delitos de coacciones, allanamiento en domicilio de persona jurídica y desorden público.

Durante el transcurso del informativo, una veintena de integrantes del colectivo invadió en directo el plató portando una pancarta en la que se leía 'En Extremadura, Renta Básica', e impidiendo a los periodistas continuar con su trabajo. En una pieza informativa posterior a los hechos, la cadena explicó que los activistas entraron en el estudio "a la fuerza tras forcejear con nuestros compañeros", y denunció que se había cometido la interrupción de "un servicio público esencial del Estado".

Su director, Urbano García, informó de que hasta las 14.20 no se pudo retomar de nuevo el telediario y, en su lugar, se emitieron imágenes de recursos de Extremadura con el rótulo 'Interrumpido por la fuerza el informativo de TVE Extremadura". Finalmente, el informativo se pudo emitir pero en una versión muy reducida. Según informaron a Efe varios trabajadores, poco antes de que comenzase el informativo estas personas, encabezadas por el excoordinador regional de IU y exdiputado Manolo Cañada, entraron en el plató sin que el servicio de seguridad pudiera impedirlo. En consecuencia, fuentes del ente público indicaron que van a analizar lo sucedido y que no descartan emprender acciones legales.

ACCION PACIFICA El Campamento Dignidad, en un comunicado, defendió este suceso como una "acción totalmente pacífica" en la que nadie empleó la fuerza y cuya finalidad era leer un manifiesto para exigir el pago de la Renta Básica en la comunidad. Por su parte la portavoz de esta plataforma, Marisa Prudencio, esgrimió a este diario que "los 6 millones para la ayuda social del nuevo decreto lo sacan de la Renta Básica cuando lo que tienen que hacer es ponerla en marcha de una vez". Además anunció que "la lucha va a continuar de forma más contundente como no cumplan la ley", y que en esta semana se van a cometer nuevas acciones. A finales del mes de enero, el comisario de Mérida, Francisco Durán, pudo comprobar esta contundencia al ser zarandeado por algunos miembros del colectivo que intentaban entrar en una oficina de Endesa.

El suceso ocurrido ayer despertó reacciones de todo tipo en Extremadura, tanto políticas como sociales. Las asociaciones de prensa de Mérida y de Cáceres lo condenaron en un comunicado como un acto "vergonzoso y antidemocrático". Consideran que "no hay motivo que pueda justificar el asalto de un medio de comunicación cuando ejerce las funciones que tiene encomendadas en el artículo 20 de la Constitución, que recoge los principios de libertad de expresión y de difusión libre de la información". A esta condena se sumaron los periodistas de Badajoz, al manifestar que "ninguna reivindicación justifica una medida de fuerza", así como el "menoscabo del derecho fundamental de los ciudadanos a la información".

Para Comisiones Obreras, cualquier protesta "debe respetar las normas del juego democrático", y "no se puede respaldar este tipo de protestas antidemocráticas que suponen una agresión para los trabajadores y trabajadoras de un servicio público".