Los sindicatos CSI-CSIF, CCOO, UGT y STAJ convocan a los mil trabajadores de Justicia en Extremadura a una huelga indefinida a partir del lunes, 4 de febrero. Según explica CSI-CSIF y recoge la agencia Efe, el motivo de la convocatoria es la discriminación salarial que padecen respecto al resto de trabajadores destinados en las comunidades autónomas con las competencias transferidas (Andalucía, Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Navarra y Canarias). Además de la huelga, los funcionarios de Justicia organizan dos manifestaciones en la región, una el jueves 7 de febrero desde el Palacio de Justicia de Badajoz hasta la Delegación del Gobierno y, la otra, el viernes 8 de febrero en Mérida hasta la Presidencia de la Junta de Extremadura. Según CSI-CSIF, a la huelga se ha llegado tras varios meses de "falsas negociaciones" con el ministro Mariano Fernández Bermejo, de compromisos incumplidos y de varios procesos de movilización, entre ellos dos jornadas de huelga en noviembre y diciembre. "Cuando todos los trabajadores de la Administración de Justicia tenemos condiciones laborales similares, el Ministro de Justicia consiente que haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda categoría en condiciones retributivas". Las diferencias salariales suponen, en algunos casos y para este año 2008, más de 200 euros mensuales entre las retribuciones de los trabajadores destinados en los territorios dependientes directamente del Ministerio de Justicia y sus compañeros destinados en las comunidades con las competencias transferidas. CSI-CSIF critica que el ministerio no sólo mantenga esa "brecha salarial", sino también que permita que se incremente en los próximos años, con lo que las diferencias llegarán a alcanzar hasta los 500 euros mensuales, y, por el contrario, no tenga reparos en aumentar el sueldo a determinados magistrados y fiscales. Los sindicatos reclaman un servicio público de calidad, una estabilidad en el empleo público, unos órganos judiciales con suficiente personal y unas condiciones retributivas similares en toda la Administración de Justicia y rechazan "una justicia de dos velocidades".
