La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, recalcan la disposición de los gobiernos central y autonómico para que la transferencia de competencias en materia de Justicia a Extremadura se produzca en un periodo de tiempo "corto" a partir de la conformación del nuevo Ejecutivo nacional. Según informa la agencia Europa Press, Fernández Vara defiende el criterio de la "población ponderada" como el "más justo" para abordar el reparto de la financiación autonómica en España. Tanto Vara como Salgado abogan por la "colaboración" entre las administraciones como "mejor fórmula en beneficio de los ciudadanos", y recuerdan la "necesidad" de que durante la próxima legislatura las comunidades autónomas aborden el proceso de financiación autonómica, sobre el cual –según la ministra-- "ya hay algunas ideas sobre la mesa pero que faltan por concretar en reuniones con todas las CCAA tras el nuevo gobierno que salga de las elecciones de marzo". Asimismo, tras recordar que el actual Estatuto de Autonomía de Extremadura está "prácticamente perfeccionado", ya que se ha realizado "la casi totalidad" de las transferencias que correspondía hacer, Salgado considera que "no es imprescindible" que el Estatuto vigente esté "plenamente desarrollado" antes de la aprobación del nuevo texto autonómico extremeño, tal y como defiende Fernández Vara. La ministra argumenta que el Gobierno está realizando transferencias en Justicia a algunas comunidades que tienen ya estatutos de "segunda generación". "Pueden coexistir transferencias de uno y otro Estatuto porque se superponen", sentencia Salgado, quien considea "legítimo" el deseo del presidente de extremeño de "poner fin" en primer lugar el desarrollo del actual Estatuto de Autonomía y ofrece "toda la colaboración" del Gobierno central "para que tan pronto se forme el nuevo gobierno pueda hacerse realidad la transferencia de Justicia".Respecto al nuevo Estatuto de Autonomía extremeño, el presidente de la Junta reitera que la intención de los dos partidos con representación parlamentaria en Extremadura (PSOE y PP) es que el próximo texto sea "nuevo, que refleje la Extremadura de hoy, y adaptado a la realidad", así como que reconozca "los derechos de la región sin entrar en colisión con la Constitución". Por ello, pide a la ministra Salgado la posibilidad de que en el futuro puedan mantener conversaciones con carácter previo a la aprobación del nuevo Estatuto "para tener plena seguridad y garantía" y que "no haya la más mínima duda" respecto a la constitucionalidad del citado texto. En cuanto a la transferencia de Justicia, tras apuntar que se trata de un servicio "muy importante" para la situación personal, económica y familiar de los ciudadanos, Fernández Vara se muestra convencido de que si existe "voluntad y sentido común" por parte del Gobierno central y autonómico el citado traspaso competencial "será más sencillo" que los acometidos ya en la Sanidad o la Educación. En este punto, afirma que tras el "esfuerzo importante" de los últimos años en materia de inversiones en los juzgados y tribunales en Extremadura, dichas instalaciones se encuentran "con carácter general bastante bien", aunque recordó que aún restan por acometer proyectos "importantes" como el Palacio de Justicia de Badajoz. Además, en cuanto a la posibilidad de que en el proceso de transferencia de competencias pueda influir las reivindicaciones de los trabajadores del Ministerio, el jefe del Ejecutivo extremeño asevera que "no debería influir. Algo tan necesario como un servicio público de la magnitud de la administración de justicia no puede ser un proceso bueno o malo en función de que haya puntualmente un hecho reivindicativo".Sobre la financiación autonómica, Fernández Vara defiende que se trata, junto al transporte público entre comunidades, la energía o el agua, de "los verdaderos instrumentos de cohesión del Gobierno de España para garantizar en igualdad de condiciones los servicios públicos". Por ello, apuesta por el criterio de la "población" como "el más justo siempre que se corrija o se pondere" para determinar el reparto financiero entre las regiones. El presidente autonómico añade que "si se coincide en que el modelo actual es bueno para algunos y no es malo con carácter general, lo razonable sea introducir elementos de mejora y modificación sin que esto tenga que llevar una modificación del modelo".
