El líder del PP regional, José Antonio Monago, y el presidente de la Xunta de Galicia y líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, mantuvieron ayer un encuentro en Santiago de Compostela donde acordaron defender un nuevo modelo de financiación autonómica «pensado para las personas y no para los territorios».

Ambos dirigentes coincidieron en la defensa de los principios constitucionales de igualdad y equidad para todos los españoles, que permiten «garantizar su derecho a contar, vivan donde vivan, con los mismos servicios públicos», informó el PP extremeño en nota de prensa. A su juicio, estos principios son «fundamentales» para los intereses de las comunidades de Galicia y Extremadura y deben ocupar un lugar preferente en la negociación para evitar perjudicar gravemente a ambas regiones.

ORDINALIDAD / Sobre este asunto, Monago y Feijóo han exigido al Partido Socialista que «abandone la defensa del principio de ordinalidad» porque supondría primar a las comunidades autónomas más ricas en detrimento de las que tienen un nivel de desarrollo menor». Consieran que esto afectaría de forma irreversible el principio de solidaridad recogido en el artículo 2 de la Constitución, al mismo nivel que en la indisoluble unidad de la nación española y la autonomía de regiones que la integran.

También han coincidido los dirigentes del PP extremeño y gallego en que la dispersión geográfica y el envejecimiento poblacional son dos variables que deben tener más peso en el nuevo modelo de financiación.

Para ambos, el nuevo sistema ha de velar por «una nivelación plena» de los servicios, condición a su juicio irrenunciable para asegurar que los ciudadanos, independientemente de dónde residan, sean tratados de igual modo por el sector público.

Por último, Monago y Núñez Feijóo han hecho extensivo este acuerdo al resto de comunidades autónomas que compartan estas necesidades para «ir de la mano» en la futura negociación del modelo de financiación autonómica y han mostrado su deseo de que el resultado sea satisfactorio para los 47 millones de españoles y no solo para algunos territorios.