El Gobierno de José Antonio Monago presentó este pasado martes en la Fiscalía Anticorrupción las facturaciones de los cursos de formación de ocupados realizados por la patronal extremeña Creex, los sindicatos CCOO y UGT, y la confederación Cepes --de economía social--, todos ellos correspondientes a las bases de la convocatoria del año 2011 y que se ejecutaron en el 2012.

Esta decisión llega tras las conclusiones efectuadas por una auditoría independiente que encargó el gobierno regional y que asegura que podrían haberse cometido presuntos delitos contra la Hacienda Pública por falseamiento de las condiciones requeridas por la administración para cobrar subvenciones. En ocasiones, el sobrecoste suponía ocho veces el precio real de mercado.

En una comparecencia pública efectuada ayer, la consejera de Empleo, Marian Muñoz, informó que el fraude solo por ese año superaría los tres millones de euros (1,5 millones la patronal, 600.000 euros cada sindicato y unos 300.000 euros Cepes), aunque no se descarta, y de hecho se ha pedido a la Fiscalía que lo investigue, que el 'modus operandi' fuera similar en los años anteriores. Muñoz llegó a hablar de un sistema perfectamente "organizado" y "diseñado" para defraudar en el tiempo "a gran escala". De hecho, Muñoz aseguró que "ya hemos iniciado los pasos necesarios para analizar los años anteriores no prescritos como consecuencia de esta investigación".

Con los resultados de la auditoría, la consejera destacó que "tenemos indicios suficientes que podrían determinar que en nuestra región se creó y alimentó un sistema irregular en la gestión de la formación a ocupados. Los afectados son exclusivamente la patronal extremeña, los sindicatos UGT Extremadura, CCOO de Extremadura y Cepes como entidades beneficiadas y sus administradores, es decir, los secretarios generales de estas organizaciones, así como todos aquellos que la Justicia considere oportunos en el ámbito político o empresarial".

También se ha evaluado a otras entidades y sindicatos pero aunque se han detectado también irregularidades, las cantidades no sobrepasarían los 120.000 euros por año, mínimo fijado en el artículo 308 del Código Penal para que el fraude se persiga por vía penal. Eso sí, a todos, incluidos a los anteriormente citados, y por la vía administrativa, se les exigirá la devolución de las cantidades, según aseguró Muñoz. La auditoría presentó sus conclusiones hace dos semanas, una vez que en junio del año pasado se trasladó a las partes afectadas la posibilidad de contar con en un periodo de tiempo razonable para presentar alegaciones a las mismas e incluso presentar facturas que justificaran dichos costes. Pero en la inmensa mayoría de los casos no lo hicieron, según fuentes del ejecutivo regional.

Se trataría de un sistema similar al empleado en Andalucía durante una década pero con la diferencia de que aquí los cursos son para empleados y en esa comunidad para parados.

Tras detectarse los errores en el año 2012, el gobierno de Monago modificó el modelo de este tipo de cursos, según destacó Marian Muñoz: "Cambiamos el sistema de gestión de estas subvenciones y su control y lo endurecimos para evitar cualquier tipo de fraude". Desde entonces, ya no se controlan los cursos desde la Fundación Tripartita (patronal, sindicatos y administración) sino directamente por el gobierno regional, que recortó los presupuestos destinados a este fin.

Las alarmas saltan en junio de 2014 cuando desde la Fundación Tripartita la propuesta inicial de liquidación de los planes formativos "no se despejaban las sospechas que ya albergaba el servicio público extremeño", según la consejera.

Esta fundación es una entidad de ámbito nacional que daba apoyo técnico al Sexpe para la gestión y justificación de la formación. En la misma están representadas las organizaciones sindicales CCOO y UGT, y las empresariales más representativas, así como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Es la encargada de ofrecer el apoyo técnico en las solicitudes e impartición de los cursos de ocupados, y también es la responsable de valorar y analizar la justificación de estos cursos.

En Extremadura, la convocatoria de cursos de formación para ocupados de 2011 (1 de junio, según se recoge en el BOE), y las de los años inmediatamente anteriores, obedecía a un convenio entre la Fundación Tripartita y el Gobierno autonómico de entonces. El actual Gobierno de José Antonio Monago no renovó en 2012 dicho convenio, a fin de asumir el control íntegro de la formación para ocupados en la región.

A partir de ahí, en julio de 2014, el gobierno regional traslada a las partes afectadas la posibilidad de subsanar las facturas y contrata a la empresa Gabinete Extremeño de Auditoría S.L. El muestreo de cursos no se hace con el 5% habitual sino que se amplía al 10% para abordar con mayor rigor el caso. En septiembre de 2014 la empresa auditora examina los expedientes y un mes después solicita al Sexpe que requiera más documentación. En diciembre, la empresa auditora remite un Informe Provisional de Auditoría que se les envía a todas las entidades para que hagan las alegaciones y el informe final se emite hace dos semanas. "En todo momento actuamos de buena fe, informando de cada paso a las entidades investigadas y permitiendo que subsanasen cada deficiencia que encontrábamos si es que podían subsanarla", destacó ayer la consejera.