Reducir un 40% el personal directivo de las empresas y entes públicos de Extremadura, lo que equivale a 120 personas. Esa es la propuesta que realizó ayer el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, como medida de austeridad para mejorar las arcas públicas. El líder popular denunció que hay al menos 50 entidades públicas (entre empresas, entes, organismos autónomos, institutos, centros, fundaciones...) en los que trabajan 1.300 personas y que "es una administración paralela al servicio del Gobierno extremeño". Esos organismos, además, constituyen una "agencia de colocación de socialistas y amigos", reiteró. Solo en la Sociedad Gestión Pública de Extremadura (GPEX), que engloba a 15 empresas públicas, hay "21 directivos que cobran una media de 65.160 euros al año, y otros 26 que cobran 45.200 euros de media", señaló. Esto supone que esta sociedad pública pague en personal algo más de 23 millones de euros al año, según los datos que ha facilitado la propia Junta a los populares, indicó.

Sin embargo, denunció que la Administración regional "oculta a todos los extremeños, que son quienes pagan esas empresas", la identidad de quienes dirigen estos entes, por lo que insiste en que se trata de una "agencia" para colocar a personas vinculas al PSOE. Por ello, anunció que el PP va a pedir la comparecencia en la Asamblea "de cada director de estas empresas públicas, aunque sea detrás de una mampara, porque esto lo paga el pueblo extremeño y debe saber quiénes son". Según Monago, con la propuesta de Vara de reducir "solo nueve cargos al año demuestra que ni es austero ni quiere serlo en el futuro".

Durante el mandato de Fernández Vara, destacó, "ha creado cinco entes públicos con siete altos cargos que cobran una media de 69.600 euros".

Todos esos datos demuestran que "hay demasiado personal directivo, demasiada empresa pública, esto es lo contrario a la austeridad", además de "un menosprecio a los funcionarios de la Junta de Extremadura por esa administración paralela que se ha creado".

Su propuesta aboga por recortar 120 cargos de esas empresas públicas y "destinar ese dinero a inversión productiva y a políticas de empleo".