El ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, desoye las exigencias de distintas comunidades, entre ellas Extremadura, y hace caso omiso a las recomendaciones de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef). Café para todos o, lo que es lo mismo, adiós a un déficit asimétrico o a la carta según la situación financiera de cada comunidad. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF) concluyó ayer su reunión fijando el mismo objetivo de déficit para todas las comunidades autónomas --el 0,3% del PIB para 2016, el 0,1% para 2017 y el 0% para 2018--, con el rechazo de diez de ellas, entre ellas Extremadura, y el apoyo de las cinco autonomías gobernadas por el PP (Castilla y León, Murcia, Madrid, La Rioja y Galicia), además de las ciudades de Ceuta y Melilla.
El ministro de Hacienda se posicionó en contra de fijar objetivos diferentes para cada territorio, una fórmula que ya se empleó en 2013 y resultó un fracaso según su opinión. Aunque la Autoridad Fiscal Independiente señaló en su informe del pasado martes que los criterios de exigencia debían ser razonables y consecuentemente creíbles, lo cual pasaba por tener en cuenta la situación de cada comunidad autónoma, Cristóbal Montoro optó por imponer objetivos "ambiciosos" para todas las comunidades por igual a fin de alcanzar el equilibrio financiero común en el plazo de tres años. Ello supone un jarro de agua fría a las aspiraciones del Gobierno extremeño, quien había encontrado en las tesis de la Autoridad Fiscal Independiente su tabla de salvación a su situación financiera. Hay que tener en cuenta que Extremadura concluyó 2014 con un déficit (diferencia entre gastos e ingresos) del 2,45% de su PIB cuando el máximo fijado por Hacienda era del 1%. Además, a fecha de 30 de mayo de este año, el déficit previsto para todo 2015, que es del 0,7%, ya iba por el 0,9%.
El presidente Guillermo Fernández Vara y su gobierno tienen que presentar un plan de ajuste en los próximos meses que corrija los desequilibrios financieros registrados en 2014 y lo que va de 2015, por lo que se había solicitado "suavizar" el nivel de exigencia en 2016 y 2017 a fin de llegar al equilibrio en 2018. Vara había argumentado que no era justo "tener que ajustar los desajustes del gobierno anterior en sólo un año". Por ello, había apoyado la opinión de la Autoridad Fiscal Independiente cuando solicitó el martes un déficit gradual para Extremadura, además de para Cataluña, Baleares, Murcia y Valencia. De lo contrario, determinó, iba a ser imposible llegar a buen puerto.
La consejera de Hacienda y Administración Pública de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, calificó de "injusto e inequitativo" el objetivo de ajuste de déficit del 0,3 % del PIB fijado por el Gobierno para todas las comunidades. La consejera declaró a Efe a la salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera que Extremadura había votado en contra del acuerdo, a la vez que explicó que el ministro Cristóbal Montoro se había negado a su petición de un estudio sobre la distribución del déficit entre administración central y comunidades autónomas. Respecto a los anticipos para la financiación del año 2016, cuantificados en 10.000 millones de euros, Blanco-Morales puntualizó que "no serán para gastar más" sino para reducir el déficit, por lo que advirtió que es "falso" trasladar a la sociedad la idea de que habrá más dinero a disposición de los ciudadanos. La consejera insistió en que Extremadura no hará nunca recortes ni en Sanidad, ni en Educación ni en Políticas Sociales.
La consejera de Castilla y León, Pilar del Olmo, por su parte, quien se abstuvo en la cita anterior, esta vez votó a favor del acuerdo indicando que todas las comunidades han hecho esfuerzos por igual y deben seguir haciéndolos por igual.
