Aquel que atente contra un profesional de la enseñanza podrá ser acusado, dependiendo de los hechos en cada caso concreto, de faltas o delitos de lesiones, amenazas o coacciones, así como también de un delito de atentado a funcionario público de tratarse de un profesor de centro público.
El delito de atentado contra funcionario público, imputable en este caso concreto a quien intimide, haga resistencia o emplee fuerza contra los profesores de centros públicos, está castigado con penas de prisión de 1 a 3 años.
En el caso de las lesiones, el autor será castigado, de tratarse de una falta, con multa o arresto domiciliario, y de ser su acción constitutiva de delito, con penas de prisión de 6 meses a 3 años, aunque puede llegarse incluso a los 5 o 6 años si son graves.
Las amenazas o coacciones se castigan, en el caso de ser calificadas como faltas, con penas de multa o arresto domiciliario, y de constituir delito por su gravedad, con penas de privación de libertad, penas que pueden ser de entre 6 meses y 3 años de prisión.
