Cuarenta municipios de la provincia de Badajoz tramitan ya sus sanciones de tráfico por vía telemática, gracias a un acuerdo con el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la diputación pacense. Desde que se puso en marcha esta iniciativa, a mediados del 2008, se han incoado en torno a 30.000 denuncias por un importe aproximado de 2,4 millones de euros. Las sanciones de carácter más grave se han traducido, además, en la detracción de tres mil puntos en la Dirección General de Tráfico.
Dentro de estas cuarenta localidades están incluidas las de mayor población dentro de la provincia, a excepción de Badajoz y Mérida, si bien con este último municipio se firmará el convenio de forma "inminente", asegura el gerente del OAR, Manuel Cordero, que explica que el margen de crecimiento de esta iniciativa en la provincia ya es limitado. "En los municipios más pequeños no les interesa porque apenas hay multas o no les compensa el gasto de la PDA" (cuesta unos 1.500 euros), arguye. Cordero incide, además, en que la comunicación de las sanciones que conllevan la pérdida de puntos está ya completamente "normalizada" en todos los municipios adheridos al programa.
Según se explica desde el OAR, la iniciativa se puso en marcha como consecuencia de la demanda de muchos de estos municipios. "El proceso de gestión es muy complejo porque se trata de un procedimiento muy garantista y con unos plazos de prescripción muy reducidos", asegura en una nota.
EL PROCEDIMIENTO El proceso comienza con la denuncia de la infracción a través de los terminales de mano (PDA) con los que se dota a los efectivos de las diferentes policías locales. Con el fin de facilitarles la tarea, la PDA incluye la base de datos con todas las matrículas del censo de vehículos del municipio, la relación codificada de infracciones aprobada en la ordenanza municipal --precepto infringido, clasificación de la infracción, importe, importe con descuento o puntos a detraer-- y todo el callejero nacional. De la misma manera, este dispositivo también incorpora una impresora (para los boletines de denuncia), cámara fotográfica y lectores de tarjetas de crédito, DNI electrónico y código de barras.
Con el boletín de denuncia, el infractor puede pagar a través de las entidades bancarias colaboradoras del OAR o mediante tarjeta --se pretende evitar el cobro en efectivo por parte de los agentes--. En cuanto a la información relativa a la denuncia (incluida la fotografía), se transmite desde la PDA a la aplicación informática de gestión de multas.
EL INFRACTOR AUSENTE En el caso de las denuncias en las que el infractor esté ausente o no sea posible notificar la sanción en el acto, el OAR emite con posterioridad la denuncia correspondiente (consultando la matrícula a través de la base da datos de tráfico) incluyendo la fotografía de los hechos.
Posteriormente es el OAR el que realiza toda la instrucción del procedimiento (notificaciones, alegaciones, pruebas, cobros, etcétera) con lo que se descarga de trabajo a las unidades del ayuntamiento encargadas de esta tarea. Por parte del órgano sancionador del ayuntamiento se dicta la resolución sancionadora mediante firma electrónica, resolución que notifica el OAR. Una vez que las sanciones son firmes en vía administrativa, el OAR comunica a Tráfico las infracciones graves y muy graves a efectos de la suspensión del permiso de circulación o de la retirada de puntos. Finalizado el plazo en periodo voluntario, se inicia el procedimiento ejecutivo con notificación por parte del OAR de la providencia de apremio, embargos en cuentas corrientes, sueldos y salarios, etcétera. A cambio de la gestión el OAR se queda con un 20% del importe de las multas más los recargos.
TAMBIEN EN CACERES
En la provincia de Cáceres también se implantará esta iniciativa en apenas unas semanas. Según confirma el gerente del OAR de la Diputación Provincial de Cáceres, Andrés Domínguez, actualmente se están contratando los terminales y el sistema será "prácticamente el mismo" que existe en la provincia de Badajoz. Está previsto que sea a finales de mayo cuando comience a funcionar en las doce primeras localidades. Esta docena de municipios cacereños han sido los primeros en notificar de forma oficial su interés por esta iniciativa, pero Domínguez está convencido de que una vez que se pongan en marcha serán muchos más los que se adhieran a ella. Entre otras cosas, Domínguez arguye que la gestión de las multas es un proceso "caro" para los ayuntamientos, "porque obliga a tener técnicos muy cualificados y por las notificaciones que tienen que hacerse". El presupuesto de esta primera fase será de 150.000 euros.
