Municipios extremeños con superávit reclaman a Montoro que les deje abrir sus ‘huchas’

La Ley de Estabilidad Presupuestaria limita la actuación de las entidades locales. Ninguna administración puede gastar más allá de lo que crezca la economía española y que se expresa con un indicador que el Ministerio de Economía revisa cada año. Actualmente está fijado en un 1,8%, lo que supone que el gasto de las administraciones no puede superar esa cifra aunque se hayan cumplido los objetivos de déficit y la entidad esté saneada. La normativa actual permite destinar una cantidad sólo a inversiones financieramente sostenibles, es decir, cambiar el alumbrado o hacer una calle, pero no pueden por ejemplo construir un centro de día porque supondría un gasto extra para el municipio.

«Nos sentimos impotentes, ya que no nos dan que tampoco nos prohíban gestionar nuestro dinero ni nos digan en qué tenemos que gastar los ahorros del pueblo», critica María Dolores Gómez, la alcadesa de Solana de los Barros. Este ayuntamiento, que hace unos años tenía deudas, tiene a cierre del ejercicio 2016 más de 1,1 millones de euros de remanentes que, prácticamente, no puede tocar «aunque hemos hecho los deberes», se queja. «Nosotros somos los que conocemos las necesidades reales de nuestros vecinos, a los que vienen a pedir ayuda cuando lo están pasando mal y nos sentimos impotentes», prosigue la alcaldesa.

Asegura que su intención no es gastar por gastar, pero sí acometería alguna infraestructura en la localidad y crearía una bolsa de empleo para facilitar la vida a sus vecinos especialmente en la época en las que las tareas del campo, el sustento del municipio, son menos habituales. «Hay muchas cosas que se pueden hacer en los pueblos», defiende.

Por eso confía en que el ministerio «suelte un poco la cuerda» a las entidades locales. Se lo piden los ayuntamientos con ahorros y también el Congreso de los Diputados, que la semana pasada dio el visto bueno a una moción de urgencia sobre la aplicación de la Regla del Gasto a las Entidades Locales presentada por el PSOE, que pretende precisamente levantar ese veto impuesto hasta ahora y destinar los remanentes para impulsar prioritariamente inversiones y planes de empleo. Uno de los cuatro puntos de la moción, que recogía esa medida fue aprobado con los votos a favor del PSOE, Podemos y PNV, entre otros. Votó en contra el PP, Foro Asturias y Bildu, mienrtas Ciudadanos se abstuvo. Pero la pelota sigue estándo en el tejado del Gobierno central .

«No tiene sentido que tengamos dinero y no podamos gastarlo en lo que quieran los ayuntamientos que es básicamente en empleo y gasto social», apunta Miguel Ruiz, secretario general de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), que también demanda esta revisión desde la federación nacional. Ruiz es además alcalde de Higuera la Real y asegura que cada vez son más los municipios que tienen superávit. «En mi ayuntamiento hay remanentes de años anteriores pero del 2016 todavía no tenemos lista la liquidación».

Según el portavoz socialista de Empleo en Extremadura, Juan Antonio González, esta medida permitiría que se puedan invertir en la región más de 100 millones de euros en políticas de empleo. Es el dinero que contienen las huchas de las dos diputaciones provinciales y otros ayuntamientos extremeños. «Que nos permitan utilizar ese dinero, no para fiestas y toros como el Estado se cree que hacemos en los ayuntamientos, sino para empleo», reclama. «Es ilógico que haya ayuntamientos que tienen hasta 500.000 euros a plazo fijo por el capricho de Montoro mientras hay desempleados en sus municipios», insiste.

Los alcaldes confían en que el ministerio ceda, «parece que hay mejor sintonía». Pero no piden sólo que se flexibilice la regla del gasto, también que se aumente el techo de gasto, el límite fijado por el Ministerio de Hacienda para elaborar los presupuestos municipales, «porque estamos muy limitados», dice Miguel Ruiz.