Las administraciones públicas extremeñas adeudan a las empresas 739 millones de euros, según un estudio realizado por los técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados en la asociación Gestha. De esta deuda total, a los ayuntamientos corresponden 453 millones, mientras que la Junta debe a proveedores 286 millones de euros.

El informe refleja que Extremadura es la quinta comunidad en cuanto a nivel de deuda de las administraciones con las empresas, solamente superada por Andalucía (2.242 millones), Cataluña (2.063 millones), Murcia (913 millones) y Canarias (788 millones). La deuda global de las administraciones públicas supera en España los 12.300 millones de euros.

Además, según un estudio de Intrum Justitia relacionado con esta cuestión, el sector público español tarda una media de 145 días en pagar sus deudas, frente a los 65,3 días de media en Europa. El mismo estudio refleja que muy pocos empresarios optan por acudir al juzgado para reclamar los pagos, por el temor a que esta actuación les traiga represalias como el verse relegados en los contratos y compras de la Administración.

Estas actuaciones de la Administración están suponiendo, según Gestha, que muchas empresas vean agravados los problemas de liquidez provocados por la caída del consumo y la falta de créditos bancarios, y se vean abocadas al cierre.

AVAL TRIBUTARIO Desde el otro lado, los ayuntamientos extremeños, tal y como informó EL PERIODICO, aseguran que les es imposible (salvo el de Badajoz, que afirma pagar en plazo) afrontar las deudas con los proveedores en el plazo máximo que marca la ley (60 días), ya que la crisis, y especialmente el desplome de la construcción, les ha recortado de manera muy importante la recaudación de impuestos ligados a las obras.

Por ello, la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda propone una vía intermedia. La solución de urgencia sería elaborar urgentemente una ley que permita que las deudas que las administraciones públicas tienen con una empresa le sirvan a ésta como "aval suficiente" para aplazar sus obligaciones tributarias con Hacienda, especialmente los pagos de IVA e Impuesto de Sociedades, renunciando empresas y Hacienda pública a cobrar intereses de demora.

Desde Gestha se indica que está fórmula de compensación y garantía supondrían una importante inyección de liquidez para muchas empresas, aliviando sus dificultades de tesorería.

Según indican, mientras la Administración adeuda a las empresas 12.300 millones, Hacienda presiona a estas mismas empresas "bajo amenaza de embargo" a pagar más de 5.600 millones en concepto de IVA e Impuesto de Sociedades por unas facturas y unos beneficios que aún no se han cobrado.

A juicio de los técnicos de Hacienda, esta fórmula de avales no supondría ningún coste adicional, ya que las administraciones deudoras quedarían exentas de pagar intereses de demora por los impagos y el Estado se aseguraría el cobro de unas deudas tributarias que no podrá cobrar en caso de que las empresas tengan que cerrar.