La fe de los estadounidenses en los medicamentos opioides está pasando a mejor vida después de que se recetaran de forma masiva durante más de dos décadas para dolores crónicos, una práctica que ha dejado más de 200.000 muertos por sobredosis desde 1999. En una reacción a los estragos que siguen provocando, el principal organismo sanitario del país ha concluido que «no hay pruebas suficientes» para demostrar su eficacia en tratamientos prolongados, y recomendó a los médicos que recurran a terapias no farmacológicas para abordar problemas como la artritis o los dolores de espalda. «Para la mayoría de pacientes, los riesgos conocidos y a menudo fatales de los opioides superan a sus beneficios no demostrados y transitorios», dijo en el 2016 el entonces director de los Centros de Control de Enfermedades (CDC), Tom Frieden.

Cada paciente reacciona a los opioides de forma diferente, pero todos estos fármacos tienen unas características químicas muy similares al opio. Bloquean los receptores del dolor en el cerebro y provocan una sensación transitoria de placer o euforia mediante la liberación de dopamina. Sus efectos analgésicos son indiscutibles, pero también su potencial adictivo. Un estudio del CDC sostiene que hasta un 24% de pacientes desarrolla dependencia tras 12 días de tratamiento con opioides mayores como el fentanilo o la oxicodona. «Son tan adictivos como la heroína», ha dicho Frieden.

En Estados Unidos se llegaron a prescribir más de 250 millones de estas recetas en el 2013, suficiente para que cada hogar tuviera una caja. La cifra ha empezado a bajar, pero sigue siendo muy elevada. El repliegue ha generado un problema añadido porque, entre los pacientes que desarrollan dependencia, un número significativo acaba recurriendo al mercado negro una vez que su médico les corta las recetas, lo que ha disparado el consumo de heroína y fentanilo en todas las capas de la sociedad estadounidense. En el 2016, los opioides legales e ilegales se cobraron la vida de 46.000 estadounidenses.

La reacción de las autoridades sanitarias ha ido acompañada de una reacción política. Docenas de municipios y estados han demandado a los fabricantes de opioides, a los que acusan de haber recurrido a prácticas engañosas para extender el uso de estos fármacos. El cerco legal y sanitario se ha traducido en la caída de las ventas, lo que ha llevado a compañías como Purdue / Mundipharma a concentrar sus esfuerzos en el mercado extranjero.