Un paso, aunque no suficiente. Es la conclusión común a la que llegan diferentes colectivos de mujeres y contra la violencia machista ante la firma esta semana del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ratificado en el día de ayer en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados y del que reclaman más recursos y una definión de la violencia de género que no se ciña únicamente a las relaciones sentimentales.

«A nivel judicial el texto incluye todas las violencias del Convenio de Estambul, lo cual es un avance, pero no reconoce a todas el mismo nivel de protección», explica Lidia Gómez, de la Red Feminista de Extremadura.

«Se desconoce cómo se van a trata el resto de violencias ahora incluidas. Por tanto, habrá víctimas de primera y de segunda», añade.

Gómez apunta a uno de los principales puntos y de los más discutidos en el documento acordado esta semana: hasta dónde abarca la violencia de género.

En España este concepto se ciñe legislativamente al marco de las relaciones sentimentales, mientras que diferentes grupos apuntan a la necesidad de ampliarlo a todos los tipos de violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.

Así lo afirma también Carmen Martín, portavoz de la Asociación por la Igualdad de Género 8 de Marzo: «No es sólo la violencia en pareja sino otras formas de violencia no relacionadas con la situación sentimental. Por ejemplo, el acoso sexual», dice.

En ello incide Gloria Angulo, miembro de la Asociación de Mujeres Malvaluna: «tal y como recoge el Convenio de Estambul debe extenderse a todas las manifestaciones de violencia contra la mujer, no sólo en el ámbito sentimental».

Martín señala que el documento firmado más que de un Pacto de Estado se trata de «una serie de medidas que no responden al acuerdo que buscamos».

Un calificativo similar al expresado por Lidia Gómez: «es un acuerdo de mínimos, no un Pacto de Estado. Un globo de oxígeno para el Gobierno que ha tenido ya la oportunidad de implementar muchas de las medidas que se proponen y no lo ha hecho».

«Muchas cosas de las que se proponen ya estaban recogidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad. Lo que hay que tener es la capacidad de ejecutar. No podemos volver a un pacto que es una declaración de buenas intenciones: se necesita presupuesto y ejecución», tercia Angulo.

Por ello, estas organizaciones subrayan la importancia de que lo firmado se traslade a la calle.

«El papel todo lo coge, pero hay que dar pasos para que las 200 medidas se hagan efectivas», dice Gregorio Gómez, secretario de la Asociación Alma contra la Violencia de Género.

«Se necesita inmediatez, no puede continuar esta sangría. Estamos viendo en los medios el caso de una mujer a la que la Justicia le está obligando a devolver a sus hijos al marido maltratador y el Estado no hace nada», añade Martín, en referencia al caso de Juana Rivas, la española obligada por requerimiento judicial a entregar a sus dos hijos al padre y que ha generado una movilización masiva de apoyo en la calle y en las redes bajo el lema ‘Juana está en mi casa’.

el presupuesto/ Uno de los puntos que más controversia produce es el presupuesto asignado para poner en marcha estas medidas: mil millones de euros a repartir en cinco años. Una cantidad que, a juicio de algunos colectivos, es insuficiente.

«Una de sus principales características es la falta de compromiso económico. Se habla de 1.000 millones de euros en cinco años pero no se especifica si es independiente de la partida ordinaria de los PGE. Esto supone 200 millones anuales, cifra exigua», critica Lidia Gómez.

«Creemos que es un presupuesto muy escaso, sin que quede muy claro a dónde va destinado. Cabe recordar que las partidas se han ido recortando año tras año y en los últimos presupuestos no se destinó ni un céntimo», lamenta Martín.

Sin embargo, otros colectivos apuntan a que, al menos, el documento cuenta con una partida presupuestaria comprometida.

«El que haya un presupuesto es un avance pero hay que ver cómo se distribuyen. No me valen 200 millones si los tiro a la basura», explica Gregorio Gómez.

«A priori, pasar a 200 millones anuales es importante pero hay que ver en qué partidas van y qué objetivos se marcan», razona Angulo.

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN/ Una rápida atención a las víctimas y la enseñanza en igualdad son aspectos claves para atajar esta lacra.

«Lo primero es la prevención y la atención a las víctimas, ayudarlas a salir de ahí, darles empleo para que tengan independencia económica. También enseñar en igualdad no sólo a los profesores sino también a los padres, para que los chavales sepan detectar el machismo y la violencia de género», explica Gregorio Gómez.

«La educación es fundamental, desde preescolar hasta postgrado. Hasta ahora se basa en el criterio de los centros y de las comunidades autónomas y creemos que debe existir una política estatal en este sentido», manifiesta Martín.

Además, la historia del feminismo se incluirá en los currículos escolares.

«Ya era hora de que se incluyera toda la historia», dice Angulo.

Asimismo, aplauden la inclusión de la prevención precoz sanitaria aunque, de nuevo, es mejorable.

«Incluye formación de género en los estudios sanitarios pero no hay mención al SAP -Síndrome de Alienación Parental- ni al aumento de personal para atención psicológica en mujeres y menores víctimas de violencia machista», dice Lidia Gómez.

«Es necesaria mucha formación en todos los ámbitos: psicólogos, médicos, abogados... A todos los que atienden a la mujer», subraya Gregorio Gómez.

AVANCES/ A pesar de todas las mejoras necesarias, los colectivos reconocen que este acuerdo supone una serie de avances en la lucha contra esta lacra social.

«Nos parecen positivas las medidas propuestas relativas a la supresión de los atenuantes de confesión y de reparación del daño en delitos de violencia de género; perfeccionar la tipificación de los delitos en el ámbito digital; no considerar las injurias y calumnias a través de las redes en el ámbito de la violencia de género como un delito leve; y generalizar la aplicación de la circunstancia agravante para los casos de mutilación genital femenina», reconoce Lidia Gómez.

«No obstante, todas ellas necesitan para su implementación modificar el código penal», matiza, añadiendo que una de las mayores carencias del texo, según su colectivo, es la no inclusión de la prostitución como violencia «cuando es uno de los ejemplos de violencia machista más claros y flagrantes», además de que no se equipara a las víctimas por violencia de género con las del terrorismo.

«Es un éxito la suspensión del régimen de visitas para los padres maltratadores, algo que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo. También hay avances en cuanto a la protección de los huérfanos», declara Angulo.

En lo que va de año, la violencia de género ha arrebatado la vida a 32 mujeres y seis menores, dejando también 16 huérfanos menores de 18 años.

Por contra, Angulo critica que no se impulse un aumento de la participación de las asociaciones feministas.

«No sólo se necesita dinero, también voluntad y un claro enfoque de género», manifiesta asimismo Martín.

Además, estos grupos exigen una mayor coordinación no sólo entre administraciones sino también entre todos los recursos que luchan sobre el terreno contra la violencia machista.

EL MANIFIESTO DEL 7N/ Las muertes por violencia de género no son más que la forma más trágica y la punta del iceberg de una realidad en la que muchas mujeres viven sometidas. Los colectivos defienden el manifiesto del 7N como hoja de ruta inicial para acabar definitivamente con esta lacra.