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«Nos esperamos otra multa más de 2014 por la superficie de los pastos»

La directora general de la PAC asegura que no se va a dar «ni un solo euro». La primera sanción, que quedó en 10 millones, aún no ha sido resuelta

 

Imagen de la dehesa extremeña, un ecosistema donde abundan las encinas y los alcornoques. - EL PERIÓDICO

R. SÁNCHEZ region@extremadura.elperiodico.com CÁCERES
18/03/2017

No hemos dado ni un euro de la primera multa que nos pusieron y no pensamos pagar por esta segunda porque es una injusticia. Si alguien tiene que asumir finalmente alguna cuantía, que sea el Gobierno central», así de claro lo tiene Yolanda García Seco, directora general de la PAC (Política Agraria Comunitaria) de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. Y recuerda que ya está en marcha el proceso para recurrir ante el Supremo y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

García Seco habla de la multa que Bruselas ha puesto a varias comunidades autónomas, la más perjudicada Extremadura con casi 80 millones de euros por tener mayor extensión de dehesa, por los errores de cálculo en las ayudas de pastos de la PAC. Esas inconcreciones vienen porque la Unión Europea considera que la extensión que tiene derecho al pago de estas subvenciones es menor a la declarada. Y se refiere exactamente al terreno ubicado justo debajo de la copa de los árboles, de las encinas y alcornoques, donde hay mayor riqueza para el pasto y que supone el 60% de la dehesa.

«Ya tuvimos que hacer frente a una primera multa que en principio era de 20 millones pero que después se redujo a la mitad (por las ayudas relativas a los años 2007 y 2008). Esta sanción está recurrida ante el Supremo y estamos a la espera de que haya sentencia», subraya García Seco. «En aquel momento no se recurrió ante Bruselas, un trámite que sí hemos hecho ahora», agrega. En referencia a ese periodo solamento estuvo afectada Extremadura «y alguna comunidad más pero con cuantías muy pequeñas», y fue tras una inspección de una delegación europea sobre el terreno.

En esta ocasión la sanción económica impuesta (referida al período entre 2010 y 2013) es bastante más elevada que aquella primera, pero la directora extremeña de la PAC no duda de que ésta se ha impuesto al Gobierno central, «y éste nos la ha pasado a las comunidades autónomas, pero no es nuestra responsabilidad».

Eliminar errores / Además, no descarta que haya nuevos avisos. «Nos esperamos otra multa más correspondiente al año 2014, eso sí, de menor cantidad que la primera. No obstante, a partir de 2015 consideramos que ya no van a aparecer más errores».

No obstante, apostilla: «Nadie entendió en ningún momento que ese terreno que ahora se considera inadmisible se tuviera que descontar».

Además del recurso ante el Tribunal Supremo, la Junta también ha presentado ante el Ministerio y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo una modificación para el futuro de la PAC en la dehesa.

Desde la Administración regional consideran que la UE tiene que entender cómo es el ecosistema de la dehesa y protegerlo y el Ministerio hacer una normativa específica que recoja las características de ésta para evitar multas en el futuro.

Dos millones de hectáreas / Extremadura cuenta con dos millones de hectáreas de pastos y recibe 420 millones de euros de la PAC en lo que se conoce como ayudas desacopladas, en las que se incluyen las subvenciones a los pastos. Cada ganadero recibe en función de las hectáreas que posee. «Y por mucho que digan, ningún agricultor o ganadero se va a ver afectado por esta sanción en ningún momento».

Habría que recordar que el Boletín Oficial del Estado (BOE) hizo públicas esta semana nueve resoluciones en las que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) precisaba la multa correspondiente a nueve comunidades autónomas a propósito del denominado Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP).

La cuantía total asciende a 262,8 millones y de esta cantidad, a Extremadura le corresponde la sanción más abultada, 79,4 millones de euros. Andalucía deberá pagar 69,5; Castilla y León 58,03; Castilla La Mancha 33,1; Cantabria 6,4; Comunidad Valenciana 4,9; Asturias 2,3; Aragón 441.000 euros e Islas Baleares otros 205.000.

La Comisión Europea ha impuesto la sanción al Estado español, pero éste, a su vez, la ha derivado a las comunidades autonómas, lo que ha provocado el rechazo total por parte de Extremadura, que se niega a asumir la cuantía económica.