Incentivos económicos y profesionales vinculados a la carrera profesional para aquellos docentes "especialmente motivados, implicados e innovadores". Es uno de los aspectos que contempla la Ley de Educación de Extremadura, cuyo anteproyecto fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno. Se trata de un sistema de carrera profesional vinculado a la evaluación docente, según ha explicado la consejera de Educación, Eva María Pérez, que prevé que en dos semanas la normativa entre en la Asamblea de Extremadura para su debate parlamentario. La gratificación estará unida a la aplicación de las nuevas tecnologías de la innovación y la comunicación, y también al plurilingüismo. Todo esto aún no está cifrado, aclaró, ya que son complementos que se deben aprobar en la próxima negociación entre los sindicatos y la Consejería de Educación.

Además, por primera vez, insistió la consejera, se van a incorporar al curriculum educativo cuestiones como la capacidad emprendedora y competencia emocional de los alumnos, "potenciando la imaginación", y se analizará en las aulas la empatía, autoestima y el control emocional de los estudiantes.

Asimismo, tal y como informó este periódico el pasado 13 de noviembre, fija que cada centro educativo tenga un plan de éxito escolar. Y es que esta es una de las piezas fundamentales de la nueva ley. "El alumno tiene el deber de estudiar y de esforzarse, pero el resto de la comunidad educativa es corresponsable para lograr ese éxito educativo", comentó Pérez.

Otro de los objetivos que persigue la ley es la potenciación de los idiomas. Así, todos los centros deberán tener "al menos" dos lenguas extranjeras (el portugués se consolida como segunda lengua) y los centros que se construyan serán todos bilingües; es decir, impartirán el 40% de su curriculum en una lengua extranjera.

IGUALDAD EDUCATIVA El apoyo a las familias y al profesorado, la evaluación de los centros, la consolidación de las nuevas tecnologías, permanecer en el sistema educativo al menos hasta los 18 años, el incremento de los niveles de cualificación profesional, la igualdad de oportunidades para todos los alumnos y la autonomía de los centros educativos son otras líneas básicas de la ley.

Todo ello para "garantizar el derecho a recibir una educación pública con excelencia e igualdad de oportunidades", señaló la consejera, ya que "todos los ciudadanos tienen el derecho al aprendizaje a lo largo de su vida, conciliando la vida familiar y laboral". Y es que, argumentó Pérez, se trata de un proyecto de Ley de Educación "pensado para el siglo XXI", y que tiene en cuenta que el alumnado actual "se desenvuelve en una sociedad compleja, cambiante y llena de incertidumbres".