La futura Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura da su primer paso parlamentario al, por unanimidad, ser tomado en consideración por el Pleno de la Asamblea el proyecto de modificación del texto en vigor, una reforma que, según la Junta, "compatibiliza el acceso a una vivienda digna y luchar contra la especulación".
Según recoge la agencia Efe, el consejero de Fomento, José Luis Quintana, defiende que la modificación se debe a cuestiones como la necesidad de "compatibilizar el acceso a una vivienda digna y luchar contra la especulación", y "simplificar el urbanismo". En su opinión, se trata de hacer "una política integral, propia y acorde con las características de Extremadura" en una realidad de desarrollo social, económico y urbanístico, ahora dentro de las nuevas circunstancias económicas y de la adaptación a la legislación nacional, y con el fin principal de hacer más sencillo el urbanismo.
Además, matiza que el texto es "fruto del máximo consenso" ya que da respuesta a los problemas planteados por los sectores relacionados con el asunto, entre ellos los empresarios, sindicatos, expertos en diversas materias, los municipios, las diputaciones provinciales y las organizaciones ecologistas, entre otros.
A su juicio, es preciso avanzar en "un urbanismo más sencillo, más transparente, menos burocrático y más accesible al ciudadano".
La ley
La ley presentará aspectos fundamentales como destinar el 40 por ciento del suelo a vivienda protegida, cuando hasta ahora era del 30 por ciento, para facilitar el acceso a la vivienda a los extremeños, y una modificación del urbanismo que permitirá a las poblaciones de menos de 2000 habitantes un régimen de urbanismo más sencillo.
Por otro lado, definirá con mayor precisión los Proyectos de Interés Regional (PIR) para permitir ejecutar proyectos alejados de los núcleos urbanos y asociados al fomento del interés turístico, deportivo y similares en la comunidad autónoma.
Además, en cuanto a las urbanizaciones "clandestinas", se avanza en su "regularización" al posibilitar crear bolsas de núcleos de segunda residencia y se permitirá a los ayuntamientos establecer núcleos aislados residenciales.
En el caso de la rehabilitación de edificaciones tradicionales, como secaderos o molinos, que se pretendan destinar a viviendas, la parcela mínima exigida se ajustará a la superficie real de la finca en que se sitúe.
Quintana comenta que la norma actual, aprobada en 2001, ha evitado la especulación, ha respetado la autonomía de los municipios y ha fomentado notablemente la vivienda protegida.
Por su parte del PP, la diputada del PP Teresa Bravo afirma que la iniciativa del Gobierno regional es "una reforma larga" que se remonta a 2006, que ha estado "paralizada" y que "no es suficiente" ya que "podría haber sido más ambiciosa".
En su opinión, "el proceso legislativo es frágil" y se han retirado del texto diversas aportaciones.
Agrega que el anterior texto no generó consenso y que no fue desarrollado, lo que ha generado "caos" y no ha desarrollado la región urbanísticamente de una forma adecuada, con las consiguientes carencia en los planes adaptados y la "eternización" de los planes generales de los municipios, entre otras deficiencias.
Bravo añade que ha habido numerosos cambios en la dirección de los organismos urbanísticos y que "se quedaron atrás ante la demandas de los extremeños, complicaban la vida a los municipios pequeños y grandes al invadir su autonomía y Guillermo Fernández Vara ha tenido que rectificar", por lo que "no se han logrado los objetivos" y, además, no se cumple la promesa electoral del PSOE de destinar el 50 por ciento del suelo a la vivienda protegida.
No obstante, apostilla que el PP votaría a favor porque la reforma de la actual ley es "necesaria" por la "coyuntura" y con el fin de debatir el texto, en concreto en la fase de enmiendas, para "tener en cuenta" las características y necesidades de Extremadura.
