Más de 2.000 millones de euros anuales de los que recibe Extremadura en forma de subvenciones de la Administración central están pendientes del nuevo modelo de financiación autonómica que persigue el Gobierno de Zapatero. El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha comenzado una serie de entrevistas con las autonomías españolas para discutir el nuevo modelo de pacto autonómico, que todavía nadie sabe realmente cómo se llevará a cabo, es decir, si será un pacto autonómico conjunto o se realizarán acuerdos bilaterales con cada autonomía.
En todo este proceso el término clave es la balanza fiscal, un concepto bajo el que se trata de analizar la diferencia que existe entre lo que un territorio aporta al conjunto del Estado y lo que recibe. Según el estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) --el último informe sobre este aspecto y el que los expertos consideran más fiable--, en el 2002 había siete comunidades autónomas que aportaban más de lo que recibían y que, con la diferencia, contribuyeron al desarrollo de las 10 regiones restantes, que presentaron una balanza negativa.
Este proceso de solidaridad territorial no es algo que las comunidades autónomas realicen voluntariamente, sino que viene dado por la coincidencia de que en las regiones más desarrolladas vive gente con un mayor número de recursos, por lo que aportan más --un proceso que también se da a la inversa--. El objetivo de este sistema es promover un flujo de transferencia que haga posible que las diferencias de renta entre las regiones y las provincias españolas se reduzcan notablemente a través de lo que se denomina política redistributiva.
El reparto
Según el estudio de Funcas, hay 7 autonomías que son las que aportan a ese fondo solidario --Madrid, Cataluña, Baleares, Valencia, País Vasco, Aragón y La Rioja-- y 10 las que se reparten el dinero en forma de subvenciones --Extremadura, Cantabria, Murcia, Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, Canarias, Galicia, Castilla y León y Andalucía--.
Aquí Extremadura es de las que menos recibe de las comunidades ricas, en total 2.099 millones de euros, por debajo de Andalucía (8.898), Castilla y León (4.854), Galicia (3.438), Canarias (3.156) y Castilla-La Mancha (2.267), y por encima de Asturias (2.022), Murcia (807), Cantabria (590) y Navarra (24). No obstante, Extremadura, junto con Asturias, es la comunidad que más dinero obtiene por habitante.
Todo ello ha llevado a que las denominadas autonomías ricas pretendan entregar menos dinero para repartir entre las más pobres, mientras que éstas crean necesario continuar recibiendo subvenciones para poder equiparar su nivel de desarrollo con las que tienen más recursos.
Cataluña ya ha anunciado que lo que desea negociar es un sistema con similitudes al del País Vasco y Navarra, es decir, pretende gestionar su propia recaudación de impuestos a través de una agencia tributaria propia, con lo que también pagará sus propios servicios públicos. Por su parte, regiones como Galicia defienden este modelo y piden que sea el que se siga manteniendo con el Gobierno de Zapatero
En cuanto a Extremadura, meses atrás el Ejecutivo regional apuntaba la posibilidad de que la comunidad tuviera también su propia agencia tributaria --en el 2002 la recaudación de impuestos en la región alcanzó los 4.700 millones de euros--, aunque este tema parece estar aparcado de momento.
En este sentido, hace unos días Juan Carlos Rodríguez Ibarra mantuvo una entrevista con el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, tras la que manifestó su intención de "parar las reivindicaciones" en materia de financiación autonómica, a fin de que el Gobierno pueda poner en marcha medidas que resuelvan los problemas económicos de los ayuntamientos.
El caso es que si Cataluña desapareciera del modelo de reparto actual, desaparecerían también más de 56.000 millones de euros que se recaudan anualmente en esta región, lo que equivaldría a que las autonomías que se benefician de este fondo solidario dejaran de ingresar un 40% menos. Es decir, cada extremeño recibiría 760 euros menos --actualmente a cada habitante de la región le corresponden unos 1.900 euros de ese fondo solidario--.
