Los investigadores han identificado ya a 9.175 víctimas extremeñas que murieron a causa de la represión franquista tras la Guerra Civil. Sin embargo, los últimos estudios apuntan que la cifra total de personas ejecutadas en la región asciende a quince mil, aunque es difícil hallar la identidad de muchas de ellas debido a que no figuran en ningún registro. Por su parte, los representantes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) comparecieron ayer en el Parlamento regional, donde solicitaron la colaboración de todas las Administraciones públicas para permitir que se cierre, de una vez por todas, un oscuro capítulo de la historia de España.

Carmen Pereira, delegada de ARMH en Extremadura, explicó que a estas alturas diversos investigadores han logrado identificar, con nombres y apellidos, a 9.175 extremeños que fueron ejecutados tras la Guerra Civil. Así, en la zona occidental de la provincia de Badajoz habría 6.610 víctimas; 885 en los principales municipios de La Serena; y 1.680 en la provincia de Cáceres. Entre las zonas que aún no se han estudiado y los fusilados que no aparecen en ningún registro, la cifra final de víctimas puede situarse en torno a las 15.000 "apuntando por lo bajo".

En opinión de Pereira en este momento es necesaria "la colaboración de las instituciones" para poder conocer con detalles los nombres de los ejecutados y el lugar donde se encuentra. Aún así, reconoció que en algunas de las mayores fosas comunes de la región, como Badajoz o Mérida, "seguramente será imposible exhumar los restos", por lo que en esos puntos solicitarán que se instalen placas o lápidas conmemorativas con los nombres de todos los que fueron fusilados allí.

REIVINDICACIONES

Además, solicitarán a la Junta de Extremadura la apertura de una oficina --gestionada directamente por el Gobierno regional o a través de un convenio con la ARMH-- donde los familiares de las víctimas puedan ofrecer sus datos y se facilite la coordinadión con los ayuntamientos de la comunidad. La puesta en marcha de un equipo de arqueólogos y forenses que colaboren con la Universidad de Extremadura, la colaboración de los ayuntamientos y una asesoría jurídica son otras de sus peticiones a la Junta.

En su opinión "no se puede pedir más generosidad a las víctimas, porque olvidar sería una segunda condena a muerte".

Todos los partidos con presencia en la Asamblea (PSOE, PP e IU) mostraron su disposición a apoyar sus reivindicaciones a través de iniciativas parlamentarias.