La Junta de Extremadura va a reestructurar en el año 2018 las líneas regulares de autobús que conectan los pequeños municipios con las ciudades y para evitar servicios deficitarios como los que ahora se prestan, se plantea unificar estas rutas con las de transporte escolar, que en un 20% de los casos presentan coincidencias en horario y recorrido. Una alternativa que se traduciría en un ahorro de cuatro millones de euros para el Ejecutivo autonómico y que permitiría que unos 200.000 extremeños que ahora disponen de transporte regular dos o tres días por semana o solo bajo petición previa, tengan disponible un vehículo todos los días lectivos del año.

La posibilidad de unificar ambos servicios en los casos que sea posible se ha puesto de manifiesto en un estudio que la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio adjudicó el año pasado al grupo empresarial Isvial-Epypsa de cara a la elaboración de un nuevo mapa de transporte público por carretera. Las primeras conclusiones del informe recogen que aproximadamente el 20% de las rutas de transporte escolar (115) presentan coincidencia de horario e itinerario con las líneas regulares de autobús, de forma que ve «aconsejable» integrar a los usuarios de ambos en un mismo vehículo.

«Además de aminorar el coste de los servicios públicos, la medida contribuye positivamente no aumentando contaminación y proporcionando una menor densidad de vehículos en la carretera, lo cual repercute en un aumento de la seguridad vial al ser utilizada una mayor capacidad del vehículo en uso», puntualizan desde el departamento que dirige Begoña García Bernal.

La posibilidad de integrar rutas regulares y escolares ya fue anunciada por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en su discurso del Debate sobre el Estado de la Región, donde avanzó que la fusión de ambos servicios generaría un ahorro de cuatro millones de euros anuales. Además, beneficiaría a unos 200.000 residentes en pequeñas poblaciones que ahora solo disponen de transporte regular dos o tres veces por semana y casi siempre previa petición telefónica.

DÉFICIT DE VIAJEROS / Cabe destacar que el transporte público de viajeros por carretera es una pieza esencial para la movilidad de los extremeños, pues la gran extensión de la región y el importante número de núcleos urbanos, más de 400, convierte a este servicio en el único capaz de ofrecer una conexión regular. No obstante, su actual distribución ha quedado obsoleta y acumula años con una baja densidad de viajeros, lo que obliga a la Junta a cubrir con subvenciones públicas (2,7 millones de euros anuales) el «déficit estructural» que presentan muchas de estas rutas.

Según los datos aportados por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en la actualidad el transporte regular de uso general se presta en Extremadura mediante 46 contratos autonómicos que se suman a otros 15 nacionales del Ministerio de Fomento y dos delegados por este último a Castilla y León. De los 46 regionales, «un número significativo» tienen escaso tráfico de viajeros, pero la consejería insiste en que «resultan igualmente importantes y necesarios» porque comunican una pequeña localidad con la ciudad prestadora de servicios. Lo hacen mediante un taxi y dos o tres expediciones por semana, generalmente bajo petición previa del usuario por teléfono. «Como fácilmente se comprende, esto no resulta sostenible ni operativo», reconocen desde la Dirección General de Transportes.

NUEVO CONTRATO / Estas 46 concesiones cumplen en el año 2018 y la Junta aprovechará la licitación de los nuevos contratos para elaborar un mapa de rutas que resulte atractivo a los usuarios y permita dar respuesta a sus demandas actuales, ofreciendo así un servicio viable en lo económico y con un marco jurídico definido.

En este sentido, cabe destacar que además de la fusión de las líneas regulares con el transporte escolar, el estudio elaborado por Isvial-Epypsa recomienda pasar de los 46 contratos actuales a 10 (abarcarían también la totalidad de la geografía extremeña) para que, contando con unos recorridos medios anuales en torno a los 800.000 kilómetros, se logre la viabilidad económica y una mayor eficiencia en la prestación de los servicios. Algo que se conseguiría integrando en cada una de esas 10 zonas los tráficos más rentables con otros que no lo son.

Según la información facilitada por la Dirección General de Transportes, en estos momentos la consejería está iniciando la redacción de los anteproyectos de las futuras concesiones de transporte regular de viajeros para cada una de esas 10 zonas que abarcarían toda la superficie de la comunidad. Una vez que estén listos, se abrirá un periodo de alegaciones para que tanto las administraciones afectadas como los ciudadanos interesados puedan formular sugerencias antes de elaborar los pliegos definitivos.

El objetivo es que las nuevas concesiones estén listas antes de que concluya el año 2018, que es la fecha tope que permite Ley 5/2009, de Medidas Urgentes en materia de transporte público regular, permanente y de uso general de viajeros por carretera.