Quienes en su día tuvimos que luchar por el derecho a la objeción de conciencia nunca podremos negar a los demás esa posibilidad: ni a médicos antiabortistas, ni a vegetarianos que trabajen como matarifes, ni a ediles partidarios del amor libre y que se nieguen a oficiar casamientos. En todos los casos en los que la objeción surge, existe un derecho íntimo para no dañar a alguien o a algo y ante lo que se hace valer la propia conciencia sobre cualquier otro tipo de obligación civil o laboral. Pero, ¿puede un funcionario de tráfico negarse a expedir licencias de conducir motos alegando tener aversión a las mismas?, ¿puede un concejal negarse a casar a un octogenario con una joven caribeña apelando a su conciencia?

¿Si es tan fácil responder a esos supuestos, cómo es posible que haya funcionarios o cargos públicos que se nieguen a cumplir una ley que no perjudica a nadie y que sí puede dar felicidad a sus semejantes? ¿Puede explicarle alguien a las fuerzas conservadoras que la ley no supone una obligación para casarse con personas del mismo sexo? Sólo de un malentendido así pueden explicarse posturas que recuerdan a las que en su día surgieron en el sur de Estados Unidos ante lo que fueron matrimonios ¿antinaturales? entre blancos y negros.

*Activista de Derechos Humanos