En Extremadura todas las gasolineras están obligadas a tener al menos un empleado entre las 7.00 y las 22.00 horas. El objetivo fundamental es garantizar la seguridad de los usuarios y facilitar la atención a las personas con discapacidad. La sanción por incumplimiento, que ya está en vigor y es grave, empieza por los 3.000 euros y puede llegar hasta los 15.000. Esta es otra de las novedosas leyes que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura y a la que el Gobierno central ha querido poner cerco. A principios de este mes de octubre, FACUA-Consumidores en Acción aseguraba que desde el Estado se preparaba un recurso de inconstitucionalidad contra esta modificación del Estatuto de los Consumidores de Extremadura aprobada por la Asamblea en el mes de mayo. Para esta entidad, la acción supone «defender los intereses de las empresas y la libre competencia y perjudicar los intereses económicos y sociales de los usuarios y consumidores».
