La Junta de Extremadura quiso dejar claro ayer su apoyo a los planes de gestión de los espacios naturales protegidos de la comunidad autónoma y volvió a abogar por el desarrollo sostenible como mejor estrategia para compatibilizar los intereses económicos y medioambientales en estas zonas. Ese fue el resultado de la reunión que mantuvieron en Mérida el presidente regional, Guillermo Fernández Vara; el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro; y los responsables de las juntas rectoras de los ocho grandes espacios naturales de la comunidad (el Parque Nacional de Monfragüe, los parques naturales de Cornalvo y Tajo Internacional, la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos y las Zonas de Interés Regional de Sierra de San Pedro, Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, Hornachos, y del Embalse de Orellana y Sierra de Pela).
"Esta protección no equivale solo a cosas negativas", manifestó José Luis Navarro tras el encuentro. El consejero abogó por que estos parajes puedan aprovechar sus planes de gestión y sus valores naturales, sociales y culturales para asociar la conservación "a la rentabilidad económica y la generación de empleos, al desarrollo sostenible".
"Extremadura puede vender huella ecológica, porque es la comunidad autónoma que menos uso hace de sus recursos naturales y la que provoca menos agotamiento de los mismos", insistió.
De esta forma la Junta quiso mostrar su respaldo a la aprobación de los planes de gestión de las zonas protegidas de Extremadura, unos programas de explotación y regulación de los recursos disponibles que están provocando fuertes críticas entre algunas organizaciones agrarias y colectivos de agricultores y ganaderos. Así, APAG-Asaja de Extremadura ha vuelto a cuestionar esta semana lo que a su juicio es un excesivo y "salvaje" proteccionismo de la Administración regional hacia este tipo de espacios naturales.
José Luis Navarro recordó ayer que los planes de gestión de las zonas protegidas son aprobadas por las juntas rectoras de cada paraje, en las que están representados todos los sectores, desde colectivos conservacionistas a propietarios de los terrenos y agricultores, pasando por las distintas administraciones.
