Un total de 85 detenidos, residentes en diversas comunidades, entre ellas Extremadura, es el resultado de la operación desarrollada por la Policía Nacional contra la piratería audiovisual y que fue dada ayer a conocer. Entre los detenidos figuran un cacereño y un pacense, que al igual que el resto están acusados de diversos delitos contra la propiedad intelectual y fraude de las telecomunicaciones.

Según la información facilitada ayer desde el gabinete de prensa de la central de Madrid del Cuerpo, entre los detenidos figuran titulares y administradores de establecimientos hoteleros, administradores locales de televisión por cable y por ondas, presidentes de comunidades de vecinos e instaladores, y "varias de las redes intervenidas contaban con miles de abonados a los que enviaban la señal a través de dispositivos inalámbricos".

Sobre la operación en sí se informó que se ha llevado a cabo por el Grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la UDEV Central, así como que para su desarrollo se ha contado con el apoyo de las Brigadas de Policía Judicial de una veintena de provincias, entre ellas la brigada de Badajoz.

Durante la operación se identificaron varios centros emisores de contenidos televisivos por ondas, algunos de ellos localizados en el interior de casetas situadas en la base de los repetidores de la señal de televisión. En su interior, se añadió, "se hallaron uno o varios descodificadores correspondientes a contratos de abonados particulares que eran utilizados para abrir canales de pago que después amplificaban y reemitían a las viviendas de la zona de influencia de los repetidores".

Los agentes descubrieron también una modalidad de teledistribución ilícita utilizada en comunidades de vecinos, que usaban un descodificador y una tarjeta inteligente de una plataforma de televisión de pago correspondiente a una suscripción como abonado particular a un paquete. Con esos elementos, se concluyó, habían "montado" una cabecera desde la que se teledistribuían de manera ilícita los contenidos abiertos con dichos descodificadores a todas las viviendas. En este caso fueron detenidos los titulares de los descodificadores utilizados, así como los presidentes de las comunidades de vecinos que realizaban dicha práctica ilegal y los instaladores de las cabeceras.

En la operación se han incautado 115 descodificadores y abundante material que hacía posible la actividad ilícita investigada, así como diversa documentación acreditativa de la actividad ilícita mantenida. Según la información policial, el fraude ocasionado a los legítimos titulares de los derechos asciende a varias decenas de millones de euros.