La oposición política -PSOE, Prex-Crex e IU- advierten un "interés electoralista" en el aplazamiento de la fecha de celebración de las oposiciones para celadores en las instituciones sanitarias de Extremadura, mientras que el PP apoya esta decisión puesto que se hace "en cumplimiento de la ley".
Los portavoces en la materia de los cuatro grupos parlamentarios han analizado la resolución del Servicio Extremeño de Salud (SES) que publica hoy el DOE por la que se aplazan las pruebas previstas para el 11 de mayo, a las que iban a concurrir unas 27.000 personas para las 144 plazas que se ofertan.
La socialista Consolación Serrano ha trasladado la "indignación" de su grupo por esta resolución, que es "un claro reflejo" de la "falta de respeto" a los ciudadanos y los opositores que llevan años pendientes de esta OPE en la que tienen puestas "sus esperanzas", y en la que han invertido "mucho dinero, tiempo y esfuerzo".
Serrano ha criticado que se aplace el examen con tan poca antelación y "sin fecha", cuestionándose en este sentido si hay un "interés electoralista", y ha tachado la medida de "chapuza".
Además, ha considerado que la decisión es "la gota que colma el vaso" como ejemplo de que el Gobierno extremeño "no apuesta por el empleo público" sino que apuesta por "la precariedad laboral, la eventualidad en los contratos y la inestabilidad en el empleo".
Por su parte, el diputado de IU Víctor Casco cree que la Junta ha actuado "muy irresponsablemente" al aplazar las pruebas sin que se conozca una "fecha cierta" y sin que se conozcan tampoco los "informes técnicos" que han llevado a esa suspensión.
En este sentido, ha remarcado que la decisión es un "fastidio" para los opositores que -subraya- tienen "vida, familia y quehaceres", con lo que se merecen "un mínimo de seguridad jurídica" y que se les explique con claridad el motivo de la paralización.
Casco entiende que, por tanto, existe la "sospecha" de que hay "un interés electoralista" para que la convocatoria de las pruebas "se acerquen lo más posible" a las próximas elecciones, como una forma de "comprar votos", y como ya hicieron anteriores gobiernos.
También ve una "falta de respeto" hacia los opositores y una "chapuza" la paralización de las pruebas de celador el portavoz regionalista, Damián Beneyto, quien ha censurado igualmente que el anuncio se haga sin que se expliquen los motivos técnicos y sin poner una nueva fecha.
Ha destacado que en esta situación "los perjudicados son los opositores" que están "crispados de los nervios", al tiempo que ha señalado que no le cabe la "menor duda" de que se trata de una "estrategia política" diseñada para celebrar las pruebas cerca de la convocatoria de las elecciones y obtener "rendimiento" político.
Todo lo contrario opina la portavoz del grupo popular en esta materia, Francisca Rosa Romero, quien ha defendido que el Gobierno extremeño "está haciendo lo que tiene que hacer", velar por el cumplimiento de la ley en este proceso, atendiendo esas recusaciones, y en "un ejercicio de transparencia y limpieza".
Rosa ha reprochado al PSOE que "todo lo vea en clave electoral", a su juicio, porque tiene "mucho miedo de perder las próximas elecciones europeas".
