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SITUACION ACTUAL DE LA NORMATIVA LOCAL DESTINADA A REGULAR LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOCALES DE COPAS.

La ordenanza de ocio de Cáceres llega a los tribunales con dos recursos para que sea impugnada

El texto no satisface a la empresa Tergal Hermanos y a Cacereños Contra el Ruido, que iniciaron el proceso judicial.El consistorio confi

R. CANTEROR. CANTERO
18/11/2009

 

Los recursos interpuestos por dos entidades ponen de manifiesto que la rotundidad del consenso político alcanzado en la tramitación y aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal sobre Protección de Medio Ambiente en materia de Ruidos y Vibraciones --conocida como ordenanza de ocio-- no se ve secundado con el mismo consenso social. Mientras el texto se elevaba a definitivo a comienzos del verano pasado, la empresa Tergal Hermanos y la asociación Cacereños Contra el Ruido iniciaban el proceso judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, solicitando la impugnación de un texto en el que no veían representados. Ambos habían presentado alegaciones al texto inicial y, según coincidieron en señalar ayer a este diario en ambos casos, "no se incorporó ninguna de las que planteábamos al definitivo", lo que motivó que decidieran recurrir a los tribunales.

Estos recursos figuran en dos de los puntos del orden del día del pleno municipal de mañana jueves (el segundo y el tercero), y en ambos el objetivo es ratificar la resolución de Alcaldía sobre la personación del consistorio en estos procedimientos. "En ambos casos han solicitado que se impugne porque no estaban de acuerdo con el texto, ya que ellos plantearon una serie de alegaciones que no se estimaron", reconoció ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Jurado, sobre estos recursos. Jurado señaló que se trata de un procedimiento judicial ordinario y que el pleno simplemente resolverá el "derecho del ayuntamiento a defenderse". Destacó también que "la ordenanza se aprobó con el consenso de todos los grupos y después de una larga tramitación en la que se habló con todas las partes", afirmó el edil sobre el texto que desde el pasado 18 de junio trata de poner orden a la situación de los locales de ocio en la ciudad.

NO APLICARLA La empresa Tergal Hermanos S.L.U, propietaria de varios locales de copas en la ciudad, interpuso el recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo el pasado mes de mayo, según señaló ayer uno de los integrantes de la misma, Sergio Tercero. Lo hicieron una vez que vieron desestimadas las alegaciones al texto inicial, sobre las que ayer no quiso pronunciarse "porque forman parte del recurso judicial", afirmó. Sí concretó que en el recurso han solicitado medidas cautelares, concretamente que la ordenanza quede sin efecto hasta que se resuelva el procedimiento judicial.

Esto último no lo precisaron ayer en el otro colectivo que ha iniciado un procedimiento judicial contra la ordenanza de ocio, la Asociación Cacereños Contra el Ruido. El presidente del mismo, Antonio Durán, precisó que el recurso de su colectivo vino motivado "porque entendíamos que algunos de los puntos que se modificaron en la ordenanza no eran conforme a derecho, como nos confirmó el informe jurídico que solicitamos", dijo. Antes habían solicitado la modificación de esos puntos en dos ocasiones. La primera fue cuando se aprobó por primera vez en pleno, y la segunda en el periodo de exposición pública de la ordenanza, en el que presentaron un total de 22 alegaciones de las que "no se incorporó ninguna", aclaró Durán.

Especialmente relevante para ellos --porque entienden que entran en conflicto con una norma de rango superior como es un decreto de la Junta de Extremadura, el 19/1997-- son los artículos que hacen referencia a las zonas saturadas (el 19 y el 20). Ambos se han modificado en el nuevo texto para favorecer el desarrollo del plan de dinamización de la zona centro del Proyecto Intramuros. El colectivo que encabeza Durán --y así lo hicieron constar en sus alegaciones 21 y 22-- critica que el artículo 19, en el que figura la relación de calles y plazas de la zona saturada de la Plaza Mayor, se ha redactado haciendo desaparecer 10 espacios considerados antes protegidos, "sin que las causas que les llevaron a ser zona protegida hayan desaparecido y sin que se haya llevado a cabo el procedimiento que establece la misma ordenanza para cambiar su condición a estas zonas", cuestionó Durán.