A estas alturas Acorex solo tiene una solución: el concurso de acreedores por convenio y no por liquidación, lo que acabaría directamente con la agrupación de cooperativas. "Es la única única luz que se ve al final del túnel, pero de todas formas es muy difícil", reconoce Manuel Ortega, el presidente de Acorex. Llegar por convenio al concurso de acreedores significaría por un lado disminuir la deuda que existe con los acreedores --de unos 40 millones de euros, 20 de ellos a entidades financieras-- para lo que estos deberían hacer una quita "muy severa" pero al menos podrían recuperar parte de la deuda, y por otra parte, dar viabilidad y continuidad al grupo con gran parte de sus cooperativas socias "aunque estamos hablando de que sería con una productividad casi al mínimo porque no podríamos mantener para nada la actividad de ejercicios anteriores".

El problema es que conseguir esto es complicado. "Es muy difícil porque tenemos que pasar una serie de filtros y requisitos nuevos tanto por parte de los acreedores como de las cooperativas y de todo el grupo. Sería una negociación dura imagino y esperamos contar con apoyos", insiste Ortega. Y es que esta es la única esperanza que le queda a Acorex. "Si no lo conseguimos, el siguiente paso es la liquidación".

El grupo cooperativo, tras presentar el pasado lunes el concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz, está a la espera de que la jueza correspondiente --que se incorpora a partir del 12 de octubre porque hasta ahora había un sustituto-- designe a uno o varios administradores concursales y hasta que no esté nombrada esta figura no se podrá iniciar este último y decisivo paso. Esperan que el proceso no se demore más de un mes.

OBSTACULOS Mientras, el grupo sumido en una "inseguridad absoluta" está atado de pies y manos. "En estos tres meses de periodo de preconcurso --que se inició el pasado 4 de junio-- hemos estando intentando alquilar alguna de nuestras industrias o de alguna participada y todo han sido obstáculos porque los abogados de cualquier empresa que quería asomarse a nuestra puerta ponían muchas trabas porque judicialmente no tenían la seguridad que ellos quisieran. Así que lo mejor es esperarnos hasta que llegue el nuevo administrador y con él podremos negociar con plena seguridad".

Ortega confía en que con esta última solución se pueda salvar el grueso de las agrupaciones que integran el mayor grupo cooperativo extremeño. "Hay muchas que siguen siendo viables, el problema es que alguna puede quedarse en el camino y otras pueden que salgan muy tocadas. Pero no solo se trata de salvar cooperativas, hay mucha gente dañada en este asunto, es una situación muy desagradable porque estamos hablando también de muchos proveedores que a lo mejor adeudándoles una pequeña cantidad de dinero se les puede llevar al traste", reconoce.

Ante esta situación, la agrupación ha dado autorización a sus asociados para que no entregaran sus cosechas a Acorex aunque siguen teniendo la obligación de pagar al grupo el canon correspondiente para poder hacer frente a los compromisos ya adquiridos. Esto permitirá a la agrupación "mantenerse todavía viva bajo mínimos y de esta forma poder llegar a sentarnos con acreedores y entidades financieras y ver si existe la posibilidad, mediante una quita o algo, de llegar a un convenio", señala.

Ortega entiende que la crisis del grupo es complicada también a nivel político. "Ellos también querrán ayudar y se encuentran con muchos obstáculos jurídicos. Nosotros lo que reclamamos a la Administración es que hay una ley de integración prevista que no acaba de salir a la luz, que nos podría facilitar contactos y créditos y que podría potenciar los ánimos de las cooperativas para seguir unidas. Estamos necesitados de ayuda, del gobierno o de quien sea". No obstante, reconoce que en la situación actual las injerencias políticas "han tenido mucho que ver tanto en el pasado de largo y medio plazo como hasta el día de hoy".