Las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla La Mancha, Cataluña, Castilla y León y Galicia defendieron ayer la continuidad de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) más allá de 2020 como pilar fundamental para mantener la renta de los agricultores.

Así lo apuntaron los representantes autonómicos en el marco de la conferencia ‘Construyendo la PAC del futuro’, un foro organizado por el Ministerio de Medio Ambiente para ir conformando la postura que España debe defender en la negociación de la nueva política agraria común. Según recordó Miguel Ángel Riesgo, presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) y moderador del debate sobre este tema, los pagos directos acaparan la partida más importante de la PAC y tienen una incidencia clara en la renta de los agricultores.

Riesgo subrayó que España recibe una media de 5.650 millones del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) al año, de los cuales 5.075 millones son pagos directos. Hasta el 30 de abril, 800.000 agricultores realizarán sus solicitudes de ayuda.

Para la consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Ortiz, las ayudas directas deben jugar «un papel fundamental» en la PAC post 2020 porque permiten tener estructuras agrarias viables, mantener la renta agraria y un ámbito rural «vivo». Sobre los beneficiarios, aboga por que estas ayudas se destinen a las personas que viven en el campo, producen alimentos, tienen actividad real y cuidan el medio ambiente. El titular de Castilla La Mancha, Francisco Martínez, coincide en que los pagos directos son «esenciales» y deben destinarse, «se llamen agricultores activos o de otra forma», a profesionales «que invierten y que están en el medio rural».

Por su parte, la consejera de Agricultura de Castilla y León, Milagros Marcos, recordó que las ayudas directas son vitales para asegurar entre el 25% y el 30% de la renta de los agricultores. Por último, la responsable catalana, Meritxell Serret, también opinó que las ayudas directas deben mantenerse como apoyo a las rentas, si bien los ingresos principales deben provenir del mercado para no limitar el emprendimiento y el acceso a los jóvenes a la actividad.