Mujer de unos 50 años que perdió su empleo y que nunca más ha podido reengancharse al mercado laboral. Lleva más de dos años buscando trabajo, se le han acabado las prestaciones contributivas y está a punto de tirar la toalla. Es el perfil más común del parado de muy larga duración en Extremadura, un sector cada vez más frecuente.
El informe anual 'Análisis y Perspectivas 2016' de la Fundación Foessa --elaborado por Cáritas a través de cifras de la EPA (Encuesta de Población Activa)-- revela que el número de desempleados en la región que hace más de 24 meses que no tiene ninguna ocupación se ha triplicado en los últimos seis años. Si 2009 cerraba con un porcentaje del 13,9%, 2016 abría con un 39%.
Si se analiza el marco nacional, Extremadura está ahora por debajo de la media (43,9%), cuando en 2009 ocupaba el segundo puesto (solo Asturias estaba por delante), de lo que a priori se deduce que si los datos de paro de nuestra región son preocupantes, en otras comunidades de España la situación es aún más cruda.
No obstante, el director de Cáritas Mérida-Badajoz, Jesús Pérez Mayo, hace una lectura de este informe y asegura que "el problema aquí radica en que, tras la angustia y el cansancio de muchas personas de no encontrar nada, cuando se le acaban las prestaciones, directamente se borran del sistema porque no tienen esperanza de volver a trabajar, de manera que ya no aparecen en los datos oficiales. A esto se suma que los más jóvenes se han marchado por la falta de oportunidades".
"La EPA --continúa Pérez Mayo-- define a alguien como parado cuando no tiene trabajo, puede trabajar y busca empleo. Cuando se está así más de dos años y no surge nada, la gente se cansa. La oferta del mercado laboral extremeño es muy limitada". En este sentido, habla del síndrome del 'trabajador desencantado', "porque las consecuencias no son ya solamente económicas, de por sí muy duras, sino que la persona tiene la autoestima por los suelos y siente que no sirve para nada. Esa sensación te paraliza", asegura.
Ese aumento de los desempleados de muy larga duración es aún más llamativo si tenemos en cuenta que aquí uno de cada cuatro trabajadores son funcionarios y que el tejido empresarial es bastante débil. El último mazazo se lo han llevado las 420 personas que han perdido su puesto en la comarca de Monesterio tras la temida y anunciada ejecución del ERE en la mina de Aguablanca.
Ante este panorama, la economía sumergida aparece como la única salida. "Porque de algo tendrán que sobrevivir", subraya Teodoro Casares, secretario de Formación y Empleo de UGT. "Cada vez hay más personas que no cobran absolutamente nada y la renta básica no llega a todo el mundo", añade.
Casares alerta de que ha bajado "de una manera brutal" la tasa de cobertura por desempleo: "En 2010 el 79,9% de las personas que estaban en el paro cobraban algún tipo de prestación, mientras que en 2015 fue el 55,3%. En lo que llevamos de 2016 ha descendido al 53,3%".
Los más afectados por esta falta de asistencia económica son extrabajadores de entre 45 y 55 años "que no van a poder disfrutar de ninguna pensión. Es una bolsa de personas que se va a quedar completamente fuera del sistema. Por eso es necesario que se hagan acciones de empleo encaminadas a proteger a este colectivo".
CRONIFICACIÓN
Sobre este problema abunda Miguel Coque, secretario de Formación y Empleo de CCOO, quien asegura que hay que hablar de paro cronificado a partir de doce meses y que los principales afectados son, en términos generales, mujeres, jóvenes y mayores de 50 años.
Coque pone el foco en las 10.000 personas de entre 52 y 54 años que "han quedado desatendidas en Extremadura después de que el PP eliminara en 2012 una acción de empleo que permitía cobrar una prestación no contributiva a partir de los 52".
Desde la delegación regional de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) afirman que el perfil de afectados por el paro de muy larga duración es cada vez más amplio.
Sin embargo, destacan también que en la comunidad hay cada vez más trabajadores pobres entre 45 y 55 años: personas con un empleo pero que permanecen en riesgo de exclusión social. Bien porque son los únicos en activo en el hogar familiar, porque los salarios son muy bajos o por ambos motivos. "Hay que revisar el mercado, es totalmente precario", denuncian desde esta Red Europea.
