El Parlamento extremeño aprobó ayer una propuesta de pronunciamiento por la que insta al Gobierno de España a retirar el currículo de la asignatura de religión, por introducir en la enseñanza "contenidos creacionistas, acientíficos y claramente doctrinarios".

La propuesta, formulada por IU, contó con los votos a favor del PSOE y de los regionalistas del Prex-Crex, y con el rechazo del PP, que carece de mayoría en la Cámara. El diputado de IU Víctor Casco, encargado de defender esta iniciativa, consideró "una auténtica barbaridad" el nuevo currículo de religión, pues, a su juicio, recoge "la peor tradición de la Iglesia Católica, la más ominosa y negra" y va en dirección contraria de las nuevas ideas que impulsa el Papa Francisco. Casco recordó que, en el caso de Primaria, el currículo establece que los alumnos deberán memorizar y reproducir "fórmulas sencillas de petición y agradecimiento", lo que, en su opinión, supone aplicar el método de Pavlov en la enseñanza de los niños.

En esa misma línea se pronunció el parlamentario socialista Antonio Gómez Yuste, quien criticó que con el PP la asignatura de religión gane terreno en perjuicio de las troncales y lamentó que los contenidos del nuevo currículo entren en conflicto con la moral que defiende la Constitución y sean contrarios a la ciencia y a los derechos humanos.

La diputada del PP Pilar Vargas criticó la "incoherencia" del PSOE en esta materia, pues recordó que los gobiernos socialistas también ha mantenido el acuerdo con la Santa Sede, vigente desde 1979. Vargas destacó que ahora, igual que antes, no es competencia del gobierno elaborar el currículo de religión, algo que corresponde a la Conferencia Episcopal, y que la administración educativa lo que hace es supervisar su contenido para que éste no vulnere la Constitución española. La parlamentaria popular recordó que la religión se oferta con carácter voluntario en la educación y defendió la libertad de elección de los padres.

Por otra parte, el pleno de la Asamblea aprobó también ayer, con los votos a favor de la oposición y la abstención del PP, otra propuesta de pronunciamiento, en este caso socialista, sobre el Proyecto de Modificación de la Ley de Montes, aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados. La propuesta socialista insta al Gobierno de España a retirar del citado proyecto dos artículos con el fin de que los agentes forestales, como funcionarios dotados de carácter de agentes de la autoridad y habilitados para el ejercicio de las funciones de policial judicial genérica, puedan cumplir con su obligación de prestar auxilio a jueces, tribunales y al Fiscal.

La iniciativa fue defendida por el socialista Alfredo Escribano, quien criticó que con la modificación aprobada los agentes forestales han perdido autoridad y los montes carecerán de planes de gestión. Asimismo lamentó que la nueva ley permita construir en terrenos afectados por incendios forestales, argumentos todos ellos rechazados por la diputada del PP Cristina Alberdi, quien negó que se cambie el estatuto de los agentes forestales y que se haya modificado la prohibición con respecto al cambio de uso en suelos quemados.