Los parques eólicos, o más bien su ausencia en Extremadura, levantaron ayer aires de polémica en el primer pleno de la Asamblea de este año. El presidente del PP, José Antonio Monago, pidió --durante la presentación de una propuesta de impulso de su grupo para reclamar al Gobierno central la inclusión de las instalaciones extremeñas en el registro de preasignación de primas-- explicaciones a la Junta por el retraso de estos proyectos, que el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, anunció que dará en la comparecencia en comisión que solicitó en diciembre para hablar sobre este tema.
Esta propuesta y, especialmente, el empeño de Monago en referirse al citado consejero durante su intervención --al considerar que debía ser él, como responsable de este área, el que le respondiera-- agrió ayer el debate entre populares y socialistas. Los primeros reprocharon que el retraso de los parques (agravado ahora por su exclusión del citado registro) supone la pérdida de los 1.900 empleos anunciados, mientras que desde el PSOE defendieron que la exigencia de esos puestos de trabajo fue rechazada en su día por la oposición.
El presidente del PP exigió a Navarro que "si se pone la medalla de las termosolares, debe asumir también la cruz de los eólicos". Tanto el PSOE como el propio consejero criticaron el afán de Monago por dirigirse al responsable de Industria, hasta el punto de que este pidió la palabra para aclarar que dará las explicaciones sobre este tema en la que comparecencia que solicitó para ello el pasado mes de diciembre y que se celebrará la próxima semana.
Otro agudo rifirrafe fue el que protagonizaron la consejera de Educación, Eva María Pérez, y el responsable de Educación del PP, el diputado César Díez Solís, a cuentas de la interpelación de este sobre la política de la Junta de cosnervación de las infraestructuras educativas. Díez Solís lamentó que los vecinos de varios pueblos hayan tenido que salir a la calle para pedir instalaciones "dignas" y que solo ante este tipo de inicitivas reaccione la Administración extremeña, lo que la responsable del ramo negó alegando que se han invertido 158 millones de euros en este área desde que se asumieron las competencias y que más de la mitad han ido destinadas a la conservación de centros.
