La patronal del transporte en Extremadura ha mostrado su satisfacción por la investigación que ha abierto la Comisaría Europea de Transporte y Energía a diez empresas de la comunidad por su presunta implicación en un fraude fiscal a la hacienda española. Mario Aza, secretario general de la Agrupación Gremial de Transportistas de Extremadura (AGT), asegura que la medida de Bruselas es sólo una constatación de las denuncias que desde 1999 se vienen realizando en la región extremeña. "La medida demuestra que las empresas fraudulentas no las tienen todas consigo".
La investigación de la Comisión Europea pretende esclarecer la actividad de empresas extremeñas y españolas que, aparentemente constituidas como sociedades portuguesas, realizan la actividad como transporte internacional sin salir de España. Una situación que la patronal de los transportistas asegura que distorsiona la competencia con los profesionales que realizan su actividad de forma legal en la región, por cuanto en Portugal las cargas laborales y fiscales son menores.
NEGOCIO RAPIDO
"En ese negocio rápido ha habido mucho engaño. La decisión de la UE es un paso más pero es necesario que se advierta a Portugal de la situación que se está generando. Es necesario controlar la concesión de licencias comunitarias pero también la fiscalidad de estas empresas", afirma Aza.
En los últimos tres años, la AGT informó de estas irregularidades tanto a la Junta de Extremadura como al Ministerio de Fomento aunque sería la Federación Nacional de Asociaciones del Transporte de España (Fenadismer) la que cursó la denuncia ante la Comisión Europea. A mediados de diciembre Bruselas reclamó documentación de las empresas implicadas para iniciar la investigación por este presunto fraude fiscal.
