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"Pediré la nulidad en cuanto pueda"

Un extremeño, víctimas de la represión franquista relata a EL PERIODICO sus años en la cárcel y valora el acuerdo de PSOE e IU para declarar ilegítimos los consejos de guerra.

FAUSTINO MARTINFAUSTINO MARTIN
06/05/2007

 

Pedro García Parrón es natural de Aldeanueva de la Vera, un pueblo del norte extremeño. Nació un 8 de noviembre de 1917, mientras media Europa se confrontaba entre sí en el fragor de la I Guerra Mundial, en la que España se había declarado neutral. A pesar de ello, ni durante la infancia ni en la adolescencia llegó a imaginarse involucrado en el mayor conflicto bélico que ha vivido el país en el último siglo. Pero la realidad es que con apenas 19 años, Pedro García ya empuñaba las armas para defender a la República de la ofensiva iniciada desde Africa por los sublevados.

Durante toda la guerra civil se enfrentó a las tropas del bando nacional, a los "rebeldes" que encabezaba Francisco Franco, primero a las órdenes de Enrique Líster y después junto a El campesino , un líder guerrillero procedente de la localidad cacereña de Malcocinado.

El recuerdo de aquellos años todavía le resulta triste, como también todo lo que tuvo que sufrir una vez finalizada la guerra. De hecho, suele mostrarse reticente a la hora de hablar de todo aquello. Pero el acuerdo entre PSOE e IU-ICV le trae nuevas esperanzas y también le refresca un poco la memoria.

Prisionero en Lavacolla

Tras el conflicto, Pedro García fue acusado de "auxilio a la rebelión", hecho prisionero e internado en el campo de concentración de Lavacolla, en Galicia, apenas a 10 kilómetros de la ciudad de Santiago de Compostela. Allí permaneció 14 meses antes de ser trasladado a un batallón de trabajo cerca de los Pirineos.

Cuando regresó al pueblo, a Aldeanueva de la Vera, un año después, el régimen le esperaba de nuevo y prácticamente en la puerta de su casa. Otra vez fue detenido y encarcelado, en esta ocasión en la ciudad de Cáceres, donde estuvo recluido 10 meses antes de ser juzgado. El fiscal pedía para él 30 años de prisión, pero la fortuna se cruzó en su camino. "Me condenaron a 12 años, pero tuve suerte: el mismo día que dieron a conocer la sentencia, salió un decreto en el que todos aquellos presos políticos que tuviéramos condenas de hasta 12 años, quedábamos en libertad vigilada". Y así permaneció durante una década, obligado a personarse cada noche ante el juez del pueblo, y luego cada 15 días en el cuartel de la Guardia Civil.

Ahora el pacto entre el partido socialistas e IU-ICV para declarar "ilegítimos" aquellos tribunales abre una puerta a la revisión de su caso. "Es estupendo, porque no cometimos ningún delito. Lo único que hicimos fue defender a un Gobierno --el de la República-- que se había establecido en España de forma legal", dice.

Ya ha pasado más de medio siglo de todo aquello, pero lo tiene claro. Le gustaría ver su historial totalmente limpio. "Pediré la nulidad en cuanto pueda para que me quiten la sentencia e ilegalicen el juicio por el que me condenaron, donde no hubo ninguna garantía de defensa", afirma convencido.