El sector audiovisual es el más castigado por los piratas extremeños. De las 2.788 intervenciones que durante el 2004 las fuerzas de seguridad realizaron por delitos contra la propiedad intelectual en España, poco más de medio centenar se llevaron a cabo en Extremadura, pero la mayoría --unas 45-- estaban relacionadas con el ámbito audiovisual. Esta cifra supone el 3,9% del total de las intervenciones realizadas en España en este sector, según se desprende del informe Intervenciones 2004 elaborado por un grupo de trabajo del que forma parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, Andema y las Cámaras de Comercio.

En cambio, a nivel nacional es el sector fonográfico el que se sitúa a la cabeza de este ránking ya que el 57,1% de las actuaciones policiales relativas a la propiedad intelectual están relacionadas con él.

No obstante, este informe sitúa a la región extremeña entre las comunidades con menor índice de movimientos en contra de la propiedad industrial e intelectual. Así, poco más del 2% --unas 60-- de las intervenciones realizadas en España contra estos delitos se hicieron en Extremadura. En total, las fuerzas de seguridad acometieron 3.043 actuaciones el año pasado de las que resultaron detenidas 3.806 personas.

La mayoría de estos delitos, el 92%, atentaron contra la propiedad intelectual aunque a la hora de valorar la mercancía intervenida despuntan los artículos decomisados a las personas que cometieron delitos contra la propiedad industrial. La valoración de estos productos supera los 71 millones de euros y si a ellos se suman los incautados por delitos contra la propiedad intelectual, la cifra supera los 110 millones de euros.

Por sectores, el más afectado fue el de la marroquinería y complementos, seguido del textil.

El informe también destaca el hecho de que en el año 2000 eran más los detenidos por actuar contra la propiedad industrial que contra la intelectual. En cambio, en el 2004 hubo 3.446 detenciones por delitos contra la propiedad intelectual y sólo 360 por atentar contra la propiedad industrial.