La delegada del Gobierno, Carmen Pereira, solicitará que todo el territorio extremeño se incluya como zona afectada por las lluvias, por lo que cualquier agricultor o ganadero afectado por el temporal podrá solicitar las ayudas establecidas en la Ley 3/2010 de 10 de marzo, con independencia de la zona en la que tenga su explotación o del tipo de cultivo que haya plantado.

Así lo solicitó ayer el secretario general de UPA Extremadura, Ignacio Huertas, a la delegada, que coincidió con esta organización agraria en "extender los daños a todo el territorio".

Pereira reconoció que han sido muchos los cultivos afectados, desde el olivar a los cereales y los frutales, así como al sector ganadero, que tiene dificultades para obtener pasto suficiente para sus animales. También han sufrido daños instalaciones, maquinarias, caminos agrícolas, acequias y material de riego.

Por ello, se comprometió a trasladar al ministerio la petición de UPA de que se incluya en las ayudas a las comunidades de regantes, "que han sufrido daños muy importantes que tendrán que pagar los propios agricultores", según Ignacio Huertas, quien valoró positivamente la reunión mantenida con la delegada para valorar la situación.

En este encuentro, la delegada informó de las ayudas previstas en la ley 3/2010 para personas físicas, jurídicas y administraciones afectadas por las lluvias. En el capítulo 6 se recogen aquellas dirigidas a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas, así como a cooperativas agrarias.

Según recordó, también se contemplan beneficios fiscales importantes. Entre ellos destacó la reducción del coeficiente de beneficio neto de cara a la declaración de la renta y del IVA, la ampliación del 5% al 10% de los gastos de difícil justificación y la moratoria en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

También se refirió a la línea extraordinaria de 25 millones de euros del ICO para reparación y rehabilitación de instalaciones y maquinarias. No obstante, advirtió que "la condición para recibir indemnizaciones es que tienen que haber sufrido un daño por encima del 30% del rendimiento de su explotación". Los afectados tienen de dos a tres meses para solicitarlas.