La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada ayer, con la participación de los consejeros de las comunidades autónomas y el ministro de Hacienda, Pedro Solbes, para abordar el nuevo modelo de financiación sólo sirvió para "aumentar los temores" de regiones como Extremadura, que ven cómo se está intentando derivar hacia un sistema territorial de reparto "que no garantiza la igualdad de los españoles y por tanto no cabe en la Constitución", en palabras del consejero extremeño de Hacienda, Angel Franco.

El representante de la Junta en el encuentro señaló que la reunión "no ha sido nada positiva". Por un lado, el ministerio apenas presentó un documento "ambiguo e inconcreto" de tres folios que no aclara cifras ni da orientaciones claras. En todo caso, en este punto Franco resaltó que es la primera vez que se parte de un documento base en este tipo de negociaciones.

Pero lo que de verdad preocupa en Extremadura es el planteamiento realizado por comunidades como Cataluña "que en base, no ya a su Estatuto, sino a una interpretación de ese Estatuto", pretende romper el modelo actual para cambiarlo por otro "que merma la capacidad del Estado para garantizar la suficiencia financiera de las comunidades y la igualdad entre los españoles".

En el sistema actual, se parte de unas necesidades de financiación según las cuales se garantiza la igualdad en la prestación de los servicios. De este modo, aquellas comunidades que recauden por impuestos cedidos más de lo que necesitan, revierten el excedente en el Estado, que los reparte entre el resto con ese criterio de equidad en la prestación.

Sin embargo, ahora se pretendería crear dos fondos distintos. En uno estarían las cantidades que financien exclusivamente los denominados servicios básicos. El otro se nutriría con una parte de los excendentes de recaudación de las regiones con más potencial para acaparar recursos, y no con todo el sobrante, ya que dichas comunidades fijarían previamente los topes de cesión.

Esto supone que algunas comunidades estarían sobrefinanciadas , mientras que el Estado perdería capacidad para ejercer políticas de cohesión, sin garantizar al resto de comunidades que pudiesen desarrollar en pie de igualdad las competencias transferidas, "lo que introduce un riesgo de discriminación que Extremadura no está dispuesta a asumir".

Franco explicó que este camino "es muy peligroso" y no responde a la idea de una España donde todos los ciudadanos tengan los mismos derechos.

El consejero extremeño se mostró de acuerdo con que el nuevo sistema introduzca correcciones como el incremento de población "pero teniendo en cuenta que más población, cuando las cosas van bien, son también más ingresos". Sin embargo, rechazó que este sea el único criterio para determinar los fondos, reclamando que se incluyan otros como superficie, densidad de población, dispersión e insularidad.

FINANCIACION LOCAL Otro punto de decepción en la reunión de ayer fue, según Angel Franco, que no se tocase siquiera la financiación local, "y si la financiación autonómica es importante, porque las comunidades deben contar con recursos, y más cuando sube el gasto sanitario y se incorporan obligaciones derivadas de la Ley de Dependencia, también los ayuntamientos tienen problemas y se generan tensiones con la Administración del Estado y con las autonómicas, que si se resuelven revertirán en beneficio de todos".

El consejero indicó que las negociaciones han sido aplazadas "hasta septiembre u otoño, según dicen". En todo caso, reiteró que los criterios que se han manejado "no nos gustan" ya que se van incrementado los temores a que se separen los fondos de suficiencia del nuevo fondo de garantía, quedando los recursos que deben recibir las comunidades no en manos del Estado "que es quien debe garantizar la igualdad" sino en manos de algunas comunidades "en un sistema territorial que no cabe en la Constitución".