La acusación particular se adhiere a las conclusiones del Ministerio Fiscal, que pide dos años y nueve meses de prisión para el ex dirigente agrario Luis Cortés por un presunto delito de falsedad en documento oficial cometido cuando gestionaba la cooperativa Iniciativa Rural.

Según la agencia Efe, la vista oral se celebra en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Cáceres, en el que testifican una treintena de testigos, entre los citados por la defensa y los del Ministerio Fiscal y la acusación particular.

A juicio de las dos partes, estos hechos delictivos están recogidos en los artículos 74.1, 390.1.3 y 392 del Código Penal, por lo que, además de la pena de prisión para Cortés, también solicitan un multa de once meses, con un cuota diaria de doce euros.

En la actualidad, el ex dirigente agrario se encuentra ingresado en prisión cumpliendo una pena de tres años impuesta por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Trujillo, después de que fuera encontrado culpable de los delitos de falsedad y fraude, por una trama que recibía subvenciones europeas para transformación y almacenaje de higos.

Antes del inicio del juicio, María Ángeles Jiménez, que representa a Juan José de la Hiz, letrado director de este procedimiento, como acusación particular de Iniciativa Rural, menciona que "básicamente" piden que el acusado sea condenado por falsificación en documento público.

Jiménez indica que está debidamente acreditado que el acusado "firmaba altas, bajas y afiliaciones a la Seguridad Social a unos trabajadores de Salvatierra de Santiago y Calamonte, que luego resultaron falsas, porque ni siquiera contaban con un campo para que éstos pudieran trabajar".

Aunque en principio la acusación particular también pedía que Luis Cortés fuera acusado por el delito de fraude, al final han decidido modificar este extremo y seguir la línea del Ministerio Fiscal porque les ha resultado "muy complicado" demostrar este aspecto con las pruebas documentales que obran en su poder.

Cortés señala en su declaración, a preguntas del fiscal, Juan Francisco Merino, que la cooperativa Iniciativa Rural se fundó en 1996, siendo él secretario. Antes de ello, su abogado, Juan José Flores, hizo constar una protesta por la persona que representa a la acusación fiscal.

El ex dirigente agrario también reconoce que cuando se sucedieron los hechos por los que está encausado, entre 2003 y 2004, él era presidente de la cooperativa y secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Asimismo, afirma que en ese periodo, COAG suscribió un convenio firmado con el Ministerio de Agricultura, por valor de 51.435,57, aunque explica que cuando esa organización recibió tal cantidad, él ya había dimitido del cargo que ostentaba en esta organización agraria, en marzo de 2005.