El PSOE ha pedido la creación de una Comisión de Investigación en la Asamblea de Extremadura para determinar si existe un "boicot" en el servicio sanitario terrestre a raíz del nuevo contrato, y ha anunciado que, si se detectan "indicios", informará a la Fiscalía.
Así lo ha anunciado hoy el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, y ha subrayado que el servicio se desarrolla con normalidad al margen de algún incidente puntual, todo gracias al esfuerzo de los trabajadores subrogados y de los responsables del Servicio Extremeño de Salud (SES).
Según García, esa comisión, si es aceptada por el resto de grupos parlamentarios, debería estudiar esos problemas en zonas como las de Llerena (Badajoz) y Navalmoral de la Mata (Cáceres).
Ha subrayado que tienen la "sensación" de que algunos directivos, familiares y trabajadores de la anterior adjudicataria, el Consorcio Extremeño de Ambulancias -que ha sido sustituida por Ambulancias Tenorio- "no han tenido el mejor comportamiento" en el proceso de traspaso.
García ha explicado que no se puede "jugar" con la salud de la población y que si las conclusiones de esa hipotética comisión "fueran merecedoras de ello" lo comunicarían a la Fiscalía.
También ha señalado que ha habido mensajes en whatsapp para que se produjera ese supuesto "boicot" al servicio por algunos empleados, que es sospechoso que 12 trabajadores de un sólo centro de trabajo hayan enfermado simultáneamente y que posiblemente se hayan cortado intencionadamente los cables de algunas ambulancias, lo que habría puesto en peligro las vidas de los trabajadores y de los pacientes.
Con respecto a Ambulancias Tenorio, el dirigente socialista ha aseverado que debe cumplir el contrato y garantizar el servicio con todos los medios necesarios urgentemente para que no haya incidentes.
Acerca de la antigua adjudicataria, ha destacado que "algunos pensaban que estaban por encima de las leyes y que la Junta, con un Gobierno del PSOE, iba a prevaricar" y que ni lo ha hecho ni lo hará "por mucho que lo pidan algunos partidos políticos y el consorcio" porque el proceso de traspaso ha sido "limpio y transparente", y que se ha elegido la mejor oferta técnica y económica.
Ha añadido que el servicio no puede estar en manos de un grupo de empresas y que antiguos directivos del consorcio "ponen palos en las ruedas" del proceso ya que defienden sueldos de entre 6.000 y 7.000 euros brutos al mes.
García ha añadido que los 919 trabajadores subrogados, de ellos 132 taxistas rurales, han visto mejoradas sus condiciones laborales y que todas las ambulancias cumplen los requisitos legales para su correcto funcionamiento.
