Sindicatos y alcaldes de municipios afectados por el cierre de la mina de Aguablanca (Monesterio) pidieron ayer un «mayor esfuerzo» al Gobierno central en relación a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y aseguran que «aunque se diga que la ratificación es de los técnicos, por encima de ellos tienen políticos».
«Son los políticos quienes deben apretar de una vez por todas para que esta situación salga adelante», indicó a los medios el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Extremadura, Miguel Talavera, tras una reunión mantenida con la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera. Según recoge la agencia Efe, Talavera explicó que pese a las buenas palabras de la delegada del Gobierno, el Ejecutivo central «debe hacer un esfuerzo más allá para sacar adelante este proyecto».
En este sentido, según manifestó el alcalde de Monesterio, Antonio Garrote, se ha transmitido que la delegación del Gobierno hablará la próxima semana con responsables del Gobierno central, esperanzado de que «se pueda traer ya una noticia» referente a la llegada de la declaración de impacto ambiental. Garrote indicó, sin embargo, que las iniciativas hasta hoy para agilizar la DIA «no han dado resultado».
