El conflicto con LEDA se enquista. El director general de Transportes, José González, quiso mandar ayer un mensaje de tranquilidad a los usuarios de las líneas de autobús y a los trabajadores de la empresa, ya que las rutas «se van a mantener» si la compañía decide finalmente dejar de prestar los servicios a partir del 2 abril y su plantilla «sería subrogada» en el caso de que una nueva empresa asumiera los tráficos.

González compareció a petición del PP en la Comisión de Transportes de la Asamblea, donde reiteró que la Junta está al corriente de pago con LEDA en lo relativo al déficit de las rutas de autobús y las subvenciones de la tarjeta SATE. El director general aseguró que los problemas de la compañía «no devienen de que la Administración no haya atendido a los pagos comprometidos», que no es que no se hayan abonado, sino que incluso en algunos casos «se han adelantado a cuenta».

«Hay que ser conscientes y si la viabilidad de una empresa depende de una subvención, creo que debería replantearse su situación», dijo en respuesta a una pregunta del PP sobre la polémica que LEDA y el Ejecutivo regional han mantenido estos días.

González explicó que por las rutas de Obligación de Servicio Público (OSP) que tenía concedidas, a LEDA se le han abonado un total de 167.000 euros por los servicios prestados entre el 15 de septiembre de 2016 y el 31 de marzo del 2017, la cantidad máxima que se contemplaba en el contrato para cubrir los déficits de las líneas. No obstante, la OSP finalizó el 20 de abril de 2017, de forma que quedarían pendientes de abono 20 días de servicio. Unos 17.000 euros que según el director general dependen de la liquidación del contrato, de la que «aún no se sabe el resultado definitivo» y que se hará cuando la empresa presente toda la documentación requerida.

Una vez finalizada esta OSP en abril de 2017 (estaba vinculada a otra concesión nacional Mérida-Sevilla, de la que formaban parte los tráficos autonómicos que circulan con LEDA), la Junta puso sobre la mesa su intención de aprobar una nueva OSP. Hasta que se adjudicara de forma directa el nuevo contrato, se concedió a LEDA «una autorización para seguir prestando los servicios sin compensación», lo que ha venido haciendo desde entonces.

NUEVO CONTRATO / En la práctica, el problema radica en que el trámite para la firma de este nuevo contrato se ha demorado casi un año, según González por causas no atribuibles a la Administración: la empresa tuvo que subsanar errores de documentación y no completó hasta el pasado enero el último trámite para la adjudicación, que es el depósito de la garantía.

Pero tampoco entonces se pudo firmar el acuerdo, pues los trabajadores pusieron en conocimiento de la Junta que llevaban tres meses sin cobrar y según los nuevos pliegos redactados el pasado verano, la adjudicataria tenía que estar al corriente de sus obligaciones laborales. «Esas son las cuentas que hay con LEDA, lo diga LEDA o no. No es de recibo que si se autorizan sin compensación unos tráficos, meses después vengan a pedir compensación por estos tráficos», dijo González.

Respecto a la deuda por las subvenciones de la tarjeta SATE (ofrece descuentos a determinados colectivos como pensionistas, estudiantes o mujeres maltratadas), el director general de Transportes reconoció que el año pasado «hubo problemas» porque se modificó el decreto regulador para incluir a nuevos colectivos beneficiarios, lo que conllevó que la orden se publicara tarde y las empresas cobraran con retraso.

No obstante, señaló que desde el pasado 2 de marzo están abonados todos los importes de 2017 (en el caso de LEDA, 100.000 euros correspondientes al último trimestre del año) y que en los primeros días de abril se publicará la orden para abonar el primer trimestre de 2018, por lo que «más al día casi imposible».

En respuesta, el diputado del PP Víctor del Moral calificó este asunto como «una tomadura de pelo de Fernández Vara, que vino a salvar a las empresas extremeñas y cada vez las está hundiendo más». En este sentido, criticó que tras finalizar la concesión nacional «se suspendiera la OSP pero no el servicio, que LEDA ha venido prestando hasta hoy día», y acusó a la Junta de utilizar «ingeniería financiera para negar la mayor».

«Posiblemente el pecado sea que LEDA es una empresa extremeña, porque ya hemos visto cómo diputados y consejeros de este gobierno defienden a capa y espada a las empresas que vienen de fuera a prestar servicios de transporte», lamentó Del Moral.