Podemos defiende que "existía una base razonable" para expulsar a los seis miembros de Podemos Extremadura que han demandado a la formación de Pablo Iglesias, al afirmar que esa decisión no se les notificó y que fue adoptada en contra del estatuto del partido y del Reglamento de la Comisión de Garantías.

En su escrito de respuesta a la demanda, Podemos justifica su expulsión por el Comité de Garantías Democráticas Estatal por las "acusaciones falsas y ataques a diferentes órganos de Podemos" hechos durante una rueda de prensa ofrecida en Mérida el 27 de julio de 2016, en la que facilitaron información reservada y comunicaciones internas.

Dice el partido en su escrito al Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid que "existía una base razonable para acordar la expulsión de los demandantes y no puede calificarse de arbitraria ni irracional", puesto que la misma se adoptó sobre la base de unos hechos acreditados en el expediente y que vulneraban el Código Ético y los estatutos de Podemos.

Además, destaca que el partido ha actuado "conforme a sus normas internas" que son de obligado cumplimiento para los afiliados y que "el acuerdo de expulsión es totalmente válido, razonable, proporcional y ajustado a la Constitución y a la Ley de Partidos", por lo que no se ha vulnerado sus derechos fundamentales.

Pero los demandantes aseguran que el procedimiento no ha respetado la normativa interna ya que las personas que actuaron en la primera instancia son las mismas que resolvieron el recurso de los expulsados en segunda instancia, lo que contradice, según ellos, los códigos internos.

Y añaden que sí que se han vulnerado sus derechos porque no se ha aportado ni en el procedimiento interno ni ahora en el judicial el documento que recoge la propuesta de resolución del instructor, es decir, que de esta forma no conocen las pruebas de cargo, lo que vulnera su derecho de defensa.

Podemos no compareció el pasado 24 de mayo cuando el Juzgado había citado a las partes para que la formación morada diera cuenta de la prueba documental de la expulsión que no es otra que dicho expediente disciplinario, pero no fue posible al no haberse presentado nadie en representación de Podemos.

Ahora, el juzgado ha convocado a las partes en primavera de 2018 para una audiencia previa.