PSOE y Podemos no se han entendido a la hora de aprobar los presupuestos, pero tan solo dos días después sí han logrado pactar la Ley de Emergencia Social de la Vivienda. El texto, de cuyos visos inconstitucionales ya avisó el Consejo de Estado, salió adelante en el pleno de ayer con la abstención de la formación morada y Ciudadanos (C’s) y el ‘no’ del PP, que votó en contra tras ser rechazadas todas las enmiendas que planteó para «corregir» su inconstitucionalidad. La creación de un «canon por vivienda deshabitada» que se aplicará sobre aquellas casas que tengan licencia de ocupación y no estén ni en venta ni en alquiler fue la condición sine qua non para que la formación morada dejara pasar la nueva norma y los socialistas finalmente lo aceptaron.
La Ley de Emergencia Social de la Vivienda es una de las bazas electorales de Guillermo Fernández Vara. Su objetivo es acabar con los desahucios en Extremadura y tanto el PSOE como Podemos la definieron ayer como una de las leyes «de mayor calado» de esta legislatura. El texto contempla la expropiación temporal del usufructo de la vivienda a las entidades bancarias para evitar desahucios. Una medida, según los informes emitidos por el Consejo de Estado, que puede ser inconstitucional (afecta al derecho a la propiedad y este solo es competencia del Gobierno central), de ahí que el PP se haya opuesto frontalmente desde el principio.
«Se han empeñado en hacer una ley inútil. Vara sabe que no puede cumplir su promesa de una Extremadura sin desahucios y por ello le interesa que no se aplique», aseguró el diputado del PP Saturnino López Marroyo. Tras los casos de Andalucía (una ley similar ya se declaró incostitucional), Canarias, País Vasco y Navarra (están suspendidas cautelarmente), el popular vaticinó que la ley extremeña «pululará de despacho en despacho acumulando polvo sin aportar nada».
Mientras, dijo, los desahucios registraron en la región en el tercer trimestre del 2016 un aumento interanual del 25,5%, el más alto de España con 133 lanzamientos practicados. «Necesitamos una ley de emergencia social de la vivienda, pero no una ley suspendida cautelarmente y luego declarada inconstitucional, sino que una vez aprobada tenga su efecto», insistió el diputado. Pese a su rechazo general al texto, el PP logró introducir seis de las 29 enmiendas que habían presentado, entre las que destaca una para que las fianzas ordenadas en la ley se destinen a políticas de vivienda y otra para que las personas que hayan recibido ayudas autonómicas a la compra de vivienda no tengan que reintegrar la subvención ante una dación en pago.
RESPONSABILIDAD / Frente a estos argumentos, el PSOE defendió que la ley aprobada ayer «nace de la responsabilidad y el convencimiento de dar respuesta a una realidad social que nos asola». La diputada Ana Belén Fernández aseguró que el texto «está llamado a dar respuesta a la necesidad de las familias más vulnerables» y destacó que gracias a él se define «la función social» de la vivienda. La socialista, que recordó que la Junta sí ha tomado medidas para sortear esa posible inconstitucionalidad, agradeció también la «sensibilidad» de Podemos a este proyecto de ley.
Sin embargo, la negociación no ha sido fácil. La formación presentó una enmienda a la totalidad por considerar que el borrador de la Junta «se quedaba corto» y finalmente, tras varias semanas de negociación y un distanciamiento a raíz de que el 30% de sus aportaciones fueran vetadas porque afectaban al presupuesto en vigor, se abstuvieron en la votación de ayer. Podemos ha incorporado al texto un total de 20 enmiendas parciales (la mitad transaccionadas por el PSOE), aportaciones con las que según destacó el diputado Daniel Hierro, han conseguido arrancar varios compromisos a la Junta.
La principal, ese «canon por vivienda deshabitada» (se fija en 10 euros por metro cuadrado útil al año) que deberán cobrar los ayuntamientos a los propietarios de viviendas que tengan licencia de ocupación pero que no estén ni en alquiler ni en venta. «El problema no es que no haya viviendas, sino que se mantienen vacías para especular, para hacer negocio cuando vuelvan a subir los precios», aseguró Hierro.
Destinar al menos cinco millones anuales a las ayudas al alquiler privado y un programa específico de subvenciones dotado con otro millón de euros para las familias que han sido desahuciadas y estén viviendo a renta a la espera de que la Junta les adjudique una vivienda social son otras de las cuestiones que el PSOE y Podemos pactaron para que la ley finalmente pudiera ver la luz. A ellas se suman el endurecimiento de las sanciones incluidas en el texto (se situarán entre 400 y 200.000 euros, frente a los 60 y 150.000 de antes), la flexibilización de los requisitos para expropiar el usufructo de la vivienda a los bancos ante riesgo de desahucio o la ampliación de los servicios de mediación a los alquileres privados. Ambos grupos pactaron además reformar, en el plazo de un año, la Ley de Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura y modificar en cuatro meses los criterios para la adjudicación de viviendas sociales. Pese a todo, indicó Hierro, «no se puede salir con alegría inusitada», pues esta ley no resuelve el problema de los desahucios en viviendas sociales por «conductas asociales» y en cualquier caso, habrá que esperar a ver si se cumple lo pactado.
Además de Podemos, también la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, se abstuvo finalmente en la votación de la ley. La formación naranja, que sacó adelante una de sus seis enmiendas, consideró que se trata de una ley «importante y necesaria», si bien avisó que «adolece de seguridad jurídica». Tras criticar que «de emergencia lleva solo el título», pues se debate con más de un año de retraso, Domínguez confió en que «las cosas se hagan bien y no se quede solo en publicidad».
