El pasado miércoles el PP denunciaba una supuesta irregularidad por la compra de 284 monitores a la empresa APD al doble de su precio de mercado. La Junta respondió ese día diciendo que era una operación legal y que acudió a un registro central en el que no hay ninguna empresa extremeña.
El jueves la asociación de informáticos de Badajoz criticó la operación y defendió el trabajo de las empresas extremeñas del sector que, a su juicio, sí están cualificadas para servir a la Administración.
Por lo que se refiere a la polémica sobre la venta por parte de APD de monitores a la Universidad de Cádiz por 228 euros, el consejero afirmó ayer que son de una marca distinta "y por lo tanto no pueden compararse".
