La Asociación de Jefes y Mandos de Policías Locales de Extremadura (Ajeploex) respalda la instalación de videocámaras de vigilancia en la vía pública --sistema de seguridad que recientemente solicitaron instalar, sin éxito, Llerena y Olivenza--. Así lo manifiesta en un comunicado remitido a EL PERIODICO, en el que considera que esta iniciativa constituye "una demanda ciudadana" y se encuentra amparada en la "legalidad más rigurosa".

Los responsables de Ajeploex argumentan que, en razón de su proximidad, los ciudadanos exigen, cada vez más, medidas de protección a las Administraciones locales, aparte de las competencias en materia de seguridad que les otorga la legislación vigente. Desde su punto de vista, esta demanda justifica el empleo de medios cada vez más sofisticados, entre ellos la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, regulada por ley en 1997, precisa la nota.

SISTEMA YA UTILIZADO Además, la asociación señala que este sistema de vigilancia no constituye ninguna novedad, ya que, apunta, "se viene utilizando de forma recurrente por todas las Administraciones" con diversos objetivos, como la protección de edificios oficiales o el control del tráfico rodado. Por todo ello, los jefes y mandos de la Policía Local rechazan la controversia por una iniciativa que, en su opinión, constituye una demanda ciudadana, es totalmente legal y tiene por objetivo mejorar la seguridad de los extremeños.

Al respecto, cabe recordar los casos de Llerena y Olivenza, cuyos ayuntamientos solicitaron recientemente permiso para instalar videocámaras de vigilancia en ciertas calles. De este modo, estos dos municipios pacenses se convirtieron en los primeros en cursar esta petición en Extremadura que, sin embargo, les fue denegada por "no darse las circunstancias que justicaran una medida tan extraordinaria", según la delegada del Gobierno, Carmen Pereira.

En ambos casos --indicaron Valentín Cortés y Ramón Rocha, alcaldes de Llerena y Olivenza respectivamente-- las solicitudes venían motivadas por el aumento de actos vandálicos en determinadas zonas de estos pueblos, especialmente durante los fines de semana. Un problema agudizado, apuntaron los ediles, por la escasez de efectivos de la Policía Local en las plantillas de ambas localidades, que imposibilitaría la adecuada vigilancia de dichas áreas.

AUSENCIA DE RIESGO Las dos peticiones fueron estudiadas el pasado día 12 por la Comisión de Garantías de Videovigilancia de Extremadura, integrada por representantes de diversos organismos, como el Tribunal Superior de Justicia de la región o la Federación de Municipios. Su misión consistió en emitir un informe previo a la resolución de la Delegación (organismo competente para aprobar la instalación de las videocámaras), que desestimó que en los pueblos demandantes se diera "un riesgo concreto, específico e importante para autorizar una medida de esta naturaleza".

Tal resolución --respecto a la cual los alcaldes de Llerena y Olivenza anunciaron su intención de recurrir-- respondería, al parecer de la Comisión, a la necesidad de preservar los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen. No obstante, para Ajeploex se trata más bien de "las limitaciones de medios que adolecen las Administraciones competentes" y cuyas consecuencias sufren los ayuntamientos, por lo que consideran necesario un análisis de la seguridad de los municipios extremeños, que permitar orientar las exigencias de los ciudadanos y las respuestas de los gestores públicos.