El portavoz de Hacienda del PP extremeño, Luis Alfonso Hernández Carrón, volvió ayer a reiterar que su grupo votará en contra de los presupuestos de la Junta para 2016 si finalmente hay subida de impuestos y la negociación con el Gobierno regional, para sacar adelante sus cuentas, terminará en "fumata negra". En una rueda de prensa para analizar el impacto en Extremadura de las reformas fiscales del PP, Hernández Carrón señaló que, a pesar de la buena sintonía en las negociaciones con la Junta en las últimas semanas, la subida de impuestos "sigue siendo una línea roja" e "irrenunciable".

En ese sentido, apuntó que "estudiarán al detalle" la propuesta que la Consejería de Hacienda planteó el miércoles y se comprometió a enviar por escrito a los grupos el próximo lunes. Explicó que estudiarán las revisiones planteadas en determinados impuestos por parte de la consejera, Pilar Blanco Morales, en los que la Junta tiene margen y capacidad normativa, y ha indicado que a ellos les "de igual: si se suben algunos, tendrán que bajar otros", porque "el saldo tiene que ser cero".

Por otra parte, el portavoz de Hacienda popular apuntó que la segunda fase de la rebaja el tramo estatal del IRPF, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y que ha entrado en vigor este mes de enero, supone una inyección de 22 millones de euros para los declarantes extremeños, con un ahorro medio anual por contribuyente de 47 euros.

Estos datos fueron facilitados ayer en rueda de prensa por el portavoz de Hacienda del PP extremeño, Luis Alfonso Hernández Carrón, quien ha cifrado en 475.034 el número de beneficiarios de esta reforma tributaria en la región. Hernández Carrón recordó que a esta rebaja se suma la acordada en 2015 por el anterior gobierno extremeño de José Antonio Monago, aplicada en el tramo del IRPF y que supone una inyección de 15,5 millones de euros, con un ahorro anual medio por contribuyente de 33 euros.

En ese sentido, Carrón apostó por "seguir bajando los impuestos en esta legislatura en función de la marcha de la economía", por acometer una tercera rebaja fiscal, que ha defendido como una cuestión "práctica" y de "política social".