El Partido Popular extremeño pretende que las cajas de ahorros de la región cuenten con un nuevo régimen de incompatibilidades, más estricto, que impida que los políticos en activo puedan entrar en los consejos de administración. Se trata, según dijo el portavoz popular en la Asamblea, Javier Casado, de "despolitizar" y "profesionalizar" la gestión de estas entidades financieras.

De esta forma, y a través de las 11 enmiendas que han presentado al proyecto de ley de reforma del sistema financiero extremeño, los populares piden que los alcaldes, los concejales y los diputados --ya sean provinciales o regionales-- no puedan acceder a los órganos directivos.

Las enmiendas de los populares pretenden de forma prioritaria variar la actual estructura de los consejos de administración de las cajas para hacer de éstas unas entidades "más profesionales y modernas". Proponen reducir el peso de los impositores, los fundadores y los ayuntamientos, mientras que crecería el peso de los empleados y, como novedad, el 4% estaría en manos de entidades representativas --como la universidad o las cámaras de comercio-- y el 10% correspondería a la Asamblea.

En este último punto el PP considera que todos los grupos deben tener al menos un representante, mientras que el resto se distribuirían de forma proporcional. Serían personas de reconocido prestigio y no políticos en activo.