El PP criticó hoy la "pasividad" de la Junta ante el cierre de la factoría de Repsol Butano en Mérida y consideró "sospechosa" la "casualidad" de que el Grupo Gallardo se beneficie del cierre, "un asunto que se debiera aclarar cuanto antes". El secretario regional del PP, César Díez Solís, afirma que "la Consejería de Industria de la Junta de Extremadura no se ha enterado del cierre de Repsol Butano hasta que la empresa no se lo ha comunicado definitivamente". "No se ha enterado, aunque la información hace meses que en Industria se sabía, o no se ha querido enterar, porque no ha hecho nada por evitarlo", añade. El dirigente popular recalca que se trata de una empresa con larga tradición en Mérida, donde está asentada desde mediados del siglo pasado y que, con su cierre, convierte a Extremadura en la única comunidad autónoma que no contará con este tipo de instalaciones industriales de llenado y distribución de gas. Díez Solís afirma que esta empresa es básica para los ciudadanos que no tienen acceso a otras fuentes de energía o de suministro doméstico. En este sentido, añade que "volvemos a dar la nota negativa en política industrial, una aspecto raquítico, falto de planificación y abandonado por la Junta de Extremadura desde los tiempos nefastos del consejero Amigo". En su opinión, "es muy grave el cierre de esta factoría y muy preocupante la inhibición de la Junta en la defensa de los puestos de trabajo y en mantenimiento de la empresa en nuestra región". El secretario regional del PP insiste que esta situación pone de manifiesto "la falta de política industrial y de tejido empresarial que se ha propiciado desde la Junta, con su indolente dejar pasar las industrias o favoreciendo sólo a algunas". Además, se pregunta si "es pasividad o connivencia la actitud adoptada por la Junta ante el cierre de Repsol Butano en Extremadura o, en todo caso, es un sarcasmo que la desidia política de los socialistas extremeños la aproveche al final otra empresa". El PP reitera que la Junta "podía, debía y era su obligación hacer algo más, mucho más, para evitar el cierre" tanto por sus trabajadores como el sector al que atiende y sus repercusiones en la población. "Si los argumentos esgrimidos por la empresa eran de rentabilidad económica, se deberían haber estudiado y comprobado, al igual que los riesgos que comportará su transporte por carretera a partir del cierre", concluye.