El Grupo Parlamentario Popular formulará una pregunta al consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, en la próxima sesión plenaria de la Asamblea de Extremadura, para que explique el desarrollo del concurso del transporte sanitario, cuya adjudicación está prevista hoy. En una nota de prensa, el portavoz de Sanidad del PP, José María Saponi, informa de que la decisión de preguntar por este asunto está motivada por el «desinterés manifiesto» mostrado por el gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, para dar explicaciones sobre este concurso. Saponi asegura que la comparecencia ante la comisión del ramo podría haberse impulsado para los meses de abril, mayo o junio, «pero no hubo voluntad», lo que les «obliga a trasladar este asunto al consejero» en la próxima sesión plenaria, porque «las empresas y los trabajadores están muy inquietos». En este sentido, señala que de manera «reiterada» está llegando a su grupo información «confusa y preocupante» acerca de este concurso, por lo que «las explicaciones ya no pueden demorarse más».
El portavoz popular de Sanidad manifiesta que su grupo ha sido «muy prudente para no interferir en un concurso que está abierto», pero «las repetidas veces en las que se ha retrasado la comparecencia del gerente del SES, no nos deja otro camino que exigírselas al consejero», reitera. «Si el Gobierno de Guillermo Fernández Vara se esconde, ante el malestar que está generando este concurso en el sector», es obligación del grupo popular reclamar información puntual acerca de lo que está sucediendo.
Por su parte, el partido regionalista Extremeños Prex-Crex denunció ayer irregularidades en el concurso de adjudicaciones del Servicio de Transporte en Sanitario que se conocerá hoy «bajo un nada transparente proceso de licitación». En una nota de prensa, Extremeños Prex-Crex insta al consejero de Sanidad a explicar todo el proceso de adjudicaciones públicamente antes de la apertura de las licitaciones y a actuar con «coherencia, transparencia y legitimidad a la hora de concederlas». Los regionalistas aseguran que el proceso carece de las condiciones de transparencia necesarias para una licitación de estas características, y puede originar un grave perjuicio para el servicio.
