La diputada regional y secretaria ejecutiva de Política Regional del PP de Extremadura, Cristina Herrera, criticó ayer la "falta de claridad" en los baremos aplicables por la Ley de Dependencia y la "carencia de información" que reciben los ayuntamientos.

Herrera señaló que, a pesar de la divulgación y la difusión hecha en los medios por la consejera de Bienestar Social, Leonor Flores, hay una "disparidad de criterios y de formas de aplicación", entre la citada ley y los preceptos recogidos en los decretos de la Junta de Extremadura de enero y julio de 2006, que aún no se han puesto en marcha. Así, la portavoz del PP, explicó que durante el año pasado Flores declaró que las personas con discapacidad y gran dependencia se cifraban en 15.000, y que en 2007 esta cifra tan sólo era de 6.700 afectados.