Podemos no logró ayer los apoyos suficientes para sacar adelante una propuesta que pedía a la Junta prohibir los cortes de suministro de agua por impago a las familias con dificultades económicas y garantizar un mínimo de 100 litros de agua potable por persona al día, algo que ya se recoge en la ley de mínimos vitales. La iniciativa también pedía que se tomaran medidas para evitar «especulaciones mercantiles» en la prestación de este servicio por parte de los ayuntamientos y abogaba por que la Junta tutelara el proceso de «retorno a la gestión pública» en aquellos municipios en los que ya está externalizado. Y es ahí donde surgieron los puntos de fricción, pues tanto el PP como el PSOE consideraron que se trata de una cuestión municipal y que en todo caso, debe abordarse en la ley de bases del régimen local. La diputada de Podemos Irene de Miguel defendió que el agua es un derecho humano y consideró que su privatización es «una estafa a las arcas públicas».
