La dotación de una ´ciudad judicial´ en Badajoz, así como la creación de tres juzgados más --uno de lo Contencioso Administrativo en Mérida, otro de lo Penal en Cáceres y uno de Primera Instancia en Almendralejo--, junto con una plaza más de magistrado para la Audiencia Provincial de Badajoz, son para el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Julio Márquez de Prado, las necesidades prioritarias en la Administración de Justicia extremeña.

Para Márquez de Prado la dispersión que existe en la capital pacense de los órganos judiciales --ahora mismo están repartidos hasta en cinco edificios distintos-- no es operativo ni adecuado, por lo que considera muy necesaria su agrupación, su unión en una especie de ciudad judicial , un proyecto al que se refirió como la "asignatura pendiente" en materia de infraestructuras judiciales en la región.

Lo hizo en el transcurso del acto que ayer se realizó en Cáceres, sede del TSJEx, para la presentación de la memoria 2006. Al respecto, recordó que en su día se propuso para ello una parcela próxima a la frontera de Caya de casi 30.000 metros cuadrados, "pero fue rechazada por estar lejos del centro", y el asunto, añadió, "sigue pendiente". Matizó, en este sentido, que actualmente se están buscando los terrenos adecuados para ubicar esta ciudad de la justicia . "Hay contactos con los propietarios del edificio colindante al que ahora alberga la mayoría de los juzgados, en la avenida de Colón, pero todavía no hay nada cerrado", dijo.

Ya en febrero del año pasado el Ministerio de Justicia anunciaba en el Congreso de los Diputados que se haría un nuevo Palacio de Justicia en Badajoz, en el solar del edificio de la avenida de Colón, anexo a la sede de la Audiencia Provincial. Pero Encarna Chacón, secretaria de Organización de CCOO Extremadura, sindicato que junto con las instalaciones del antiguo Inem y actual sede del Sexpe ocupan dicho edificio, manifestó ayer a este diario que "el Ministerio de Justicia se ha mostrado interesado en este edificio, pero aún no hay nada cerrado, posiblemente porque no haya llegado a acuerdo con Patrimonio del Estado", confirmando así las declaraciones de Márquez de Prado.

Sobre la situación actual de dicho edificio, propiedad del Ministerio de Trabajo, Chacón matizó que "si el Ministerio de Justicia lo quiere podría adquirirlo, pues se trata de un inmueble que Patrimonio del Estado lo tiene para permuta o venta". Pero de momento, añadió, "lo ocupamos, por tener derecho de uso del mismo, CCOO, el Sexpe y los empresarios, y ahora también va a coger una planta UGT".

OTRAS NECESIDADES También calificó el presidente del TSJEx de "urgente necesidad" y, por tanto, "prioritaria", la creación de un segundo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Mérida, así como también un segundo Juzgado de lo Penal en Cáceres, un tercero de Primera Instancia en Almendralejo y una cuarta plaza de Magistrado para la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Badajoz.

Frente a esta necesidad de cuatro nuevos órganos judiciales, advirtió De Prado, a Extremadura solo le corresponden para este año --entrarían en funcionamiento a principios del 2008-- dos plazas, "ante lo cual solicitaremos el de Mérida, por ser el más necesario de todos, pues el actual soporta el doble de casos que debería atender, ya que el módulo propuesto por el Consejo General del Poder Judicial está actualmente en 600 y el juzgado emeritense registró el año pasado 1.024 asuntos". Ya puede afirmarse, por tanto, que Mérida tendrá en el 2008 otro Juzgado de lo Contencioso, pero no así en los casos de Cáceres, Almendralejo y Badajoz, "pues para la segunda plaza asignada a Extremadura hemos decidido trasladar al Consejo estas tres propuestas para que él decida".

En cuanto a la negociación para las transferencias de las competencias en Justicia a la comunidad por parte del Gobierno central --solo quedan ya siete comunidades sin estas competencias en todo el país--, De Prado señaló que "no hay nada nuevo". Insistió en calificar este asunto de "muy importante", pero también en reseñar la necesidad de negociarlas bien "para que cuando lleguen estén bien dotadas económicamente y sean asumidas con todas las garantías".